Si a cualquier ciudadano le preguntamos cuál es el sector más regulado, quizás nos responda salud o minería, pero creo que muy pocos, o quizá nadie, mencionaría el sector educación. En educación básica tenemos una cantidad exorbitante de regulaciones y aún más en la educación privada. Sin embargo, existen otras normas que indican que las escuelas tienen autonomía en aspectos administrativos y pedagógicos, entre otros. Esa supuesta autonomía no existe. Muchas de estas normas no tienen sentido práctico, y seguramente han sido elaboradas por funcionarios que están muy alejados de las realidades de las escuelas.
Por ejemplo, tenemos las llamadas condiciones básicas de calidad que, entre otras cosas, exigen que la altura de las aulas sea de 2.5 metros. Es decir, si el colegio tiene una altura de 2.4 metros, está en falta y podría ser pasible de una sanción. Me pregunto si esos 10 centímetros de diferencia realmente afectan la calidad educativa en el aula. En otra sección de esta norma, se establece que las carpetas en un aula deben ser todas de la misma altura. ¿Creen ustedes, estimados lectores, que la estatura de cada alumno es la misma en un salón de clases? Así podría seguir mencionando otras medidas que no contribuyen a la calidad educativa y que solo asfixian a los colegios.
Y como siempre, todas estas normas solo serán fiscalizadas en los colegios privados y nunca en los públicos. En lugar de sobrerregular el sector y a la educación privada, la autoridad debería promover la educación privada, ya que está demostrado, según estudios de Apoyo Consultoría, que esta brinda sus servicios principalmente a los alumnos que se encuentran en los niveles socioeconómicos más bajos.
