Investigación sin tantos reflectores y con justicia

Las últimas semanas, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha sido sometido a investigaciones por haber adquirido productos contra el COVID-19 con precios sobrevalorados y mala calidad entre otros, hechos cubiertos por los medios de comunicaciones. Esperamos que las investigaciones conduzcan a las autoridades hacia la verdad de los hechos, se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo a Ley.

Extraña por eso la presencia mediática de algunos miembros del Ministerio Público declarando sobre las investigaciones contra la PNP, alentando sospechas sobre quienes hayan tenido algo que ver con la policía o el Ministerio del Interior (Mininter), que más parece una estrategia para evadir el tema del cambio del código de procedimientos penales anunciado por el Congreso de la República, en la que devuelven la dirección de las investigaciones a la Policía Nacional. Todo un despropósito.

Por otro lado, ayer se hizo público que la Contraloría General de la República habría adquirido 30,000 mascarillas a un costo de S/4.80 cada una (Contrato 0042-2020-CGR), 50% más de lo que pagó la Policía. No hay que olvidar que la Contraloría fue invitada por el exministro del Interior Carlos Morán a participar en la fiscalización de las compras policiales para COVID-19 –los primeros días del mes de abril– como muestra de voluntad política de transparencia y eso nadie lo debe olvidar, ni el Gobierno ni las autoridades del Mininter ni los efectivos de la Policía Nacional.

Es válido, entonces, pedirle a todas las entidades –entre ellas el Ministerio Público y el Poder Judicial–, que abran sus procesos de adquisición de productos al igual que la PNP y el Ministerio de Salud (Minsa), para saber cuáles fueron los precios ofertados y pagados (como el caso de Contraloría) y dejar de estigmatizar a la Policía Nacional, que luego de recibir el aplauso ciudadano por la extraordinaria labor que han realizado hasta entregar sus propias vidas está siendo flagelada públicamente por casos que se encuentran en procesos y que, lamentablemente, alguno de los miembros del Ministerio Público se encargan de enervar.

El debido proceso, la justicia y la equidad deben guiar los pasos de las autoridades, mas no el linchamiento mediático, la acusación sin fundamento y la condena adelantada. En las calles nos espera una ciudadanía ansiosa de ser protegida, y somos los policías nacionales los encargados de ese sagrado mandato.