A poco de cumplirse diez meses de la excarcelación de Alberto Fujimori, quien a diciembre del año pasado ya purgaba 12 de los 25 años de condena por autoría mediata en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ayer el juez supremo Hugo Núñez Julca resolvió que no le era aplicable el indulto por razones humanitarias y ordenó su inmediato retorno a prisión.
Perú21 considera que, independientemente de los fundamentos legales de la resolución del juez Núñez sobre control de la convencionalidad en el otorgamiento de indulto humanitario, es penosa la situación de Fujimori, hoy un anciano de 80 años con problemas de salud, siendo sometido nuevamente a un régimen carcelario y al cumplimiento de una sentencia que culminaría en 2032. Es decir, una condena a muerte en prisión que no compartimos.
En el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional, haríamos bien en dejar de atizar odios y rencores, así como celebraciones inapropiadas que ayer se vieron desplegadas en las redes sociales.
Comprendemos el dolor de los familiares de los asesinados en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero también los invocamos a ellos, y a quienes desde diversos frentes les expresan en buenos términos su solidaridad, a pensar en que, fomentando división y polarización, nos alejamos cada vez más del encuentro de voluntades que el país necesita para su estabilidad y desarrollo.
Si bien la decisión judicial que revoca este indulto humanitario debe cumplirse, por respeto al ordenamiento constitucional, esta aún tiene pendiente un camino de apelación que, todo indica, Fujimori seguirá desde la cama de una clínica.
Aunque la resolución judicial está debidamente sustentada, pues, a pesar de la discrecionalidad y las prerrogativas presidenciales para el otorgamiento de esa gracia, había requisitos establecidos en la ley que no se cumplieron diligentemente, nos llama la atención la oportunidad en la que se ha emitido la decisión.
El juez supremo Núñez, quien compartió sala con el cuestionado juez César Hinostroza, ha dado a conocer su resolución en un contexto político complejo y medular en el ámbito judicial, parlamentario y electoral, cuando tenía hasta el 29 de este mes para pronunciarse. En tiempos de crisis, la suspicacia vale.