Ha sido rotundo el rechazo que la población ha dado al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, al cumplirse un mes de su gestión en la más alta representación del Ministerio Público.
La última encuesta de Ipsos, difundida por El Comercio, muestra que el clamor es que Chávarry debe dejar el cargo. Así lo señala el 94% del 67% de entrevistados que dijo estar al tanto de los audios de la vergüenza que protagonizan el fiscal de la Nación y el cuestionado juez supremo César Hinostroza.
Chávarry arrancó con mal pie, negando la posibilidad de aparecer en más audios y descartando toda cercanía a los infames protagonistas de los mismos. Pero grabación manda, y no hubo forma de que pudiera negar coordinaciones con Hinostroza para gestionar reuniones y favores.
Tan deslucida fue su juramentación que el mismo presidente de la República, Martín Vizcarra, no se presentó a la ceremonia como es usual. Justamente, el mandatario ha reiterado ayer que debe haber un mea culpa y que el Ministerio Público no cuenta con la confianza de la población.
En efecto, la situación de Chávarry y el clima enrarecido en que se mueven los actores de la justicia en el Perú arrastran al Ministerio Público en su conjunto al desprestigio. En la encuesta que comentamos, el 76% desaprueba la gestión de la entidad fiscal, y solo el 14% la aprueba, cuatro puntos menos que en julio.
Al inicio del escándalo de los audios, decíamos en este mismo espacio que nuestras autoridades no daban muestras de dignidad ni de arrepentimiento y que, a pesar de los escándalos y ruido político que generan, se aferran al puesto público y son incapaces de dar un paso al costado, para librar de esa carga negativa a las instituciones.
En términos de aprobación de gestión, similar es la situación del juez supremo César San Martín. Su reputación se ha visto afectada al conocerse su conversación con el impresentable ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, a quien le pedía acelerar un trámite judicial sobre su hermana.
Aunque San Martín se ha disculpado públicamente, el 94% del 58% que está informado sobre el caso le dice que debe renunciar porque ha perdido la confianza de la ciudadanía.
Así las cosas… ¡por qué no se van ya! Son un lastre para la urgente reforma.