“El poder efímero”

Desde sus orígenes, el sistema democrático se ha sustentado en el equilibrio de poderes. Sin embargo, nunca falta algún parlamentario –como el presidente del Congreso, Alejandro Soto– que sostiene que “el Congreso es el primer poder del Estado”. Quienes piensan así estarán contentos con la encuesta de Ipsos Perú21 publicada hoy, que revela que, para 67% de la opinión pública, el Congreso tiene hoy más poder que el Ejecutivo. Un resultado que no debería causar sorpresa si, para 85% de la ciudadanía y el propio ministro de Economía, tenemos hoy un gobierno débil.

Sin embargo, si los congresistas que celebran hoy el reconocimiento popular a su poder prestan atención a otras encuestas, deberían trastocar su satisfacción por inquietud. Según el Barómetro de las Américas / LAPOP 2023, la encuesta que lidera la Universidad de Vanderbilt con el apoyo del IEP, y que es aplicada por Ipsos en el Perú, los peruanos son los que menos confían en su Parlamento en la región (18%), lejos del promedio de América Latina (40%).

No solo eso. También somos el país que cree en mayor proporción que “cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el presidente cierre el Congreso”: La respuesta en el Barómetro 2023 fue que 44% de los peruanos justificaría el cierre del Congreso, mientras que la justificación promedio en la región fue de 25%.

Pero no siempre fue así. Según el propio Barómetro de las Américas e Ipsos, la confianza de los peruanos en el Parlamento era superior al 30% hasta 2016 y el apoyo a gobernar sin este era de 22% en 2012, en el promedio de la región. ¿Qué ha pasado para que el apoyo al cierre del Congreso se duplique –de 22% a 44%– en poco más de una década?

La verdad es que, con sus limitaciones, la democracia peruana funcionó entre 2001 y 2016 con cierto equilibrio entre un Ejecutivo relativamente fuerte y una oposición parlamentaria moderadamente responsable. En 2016, en cambio, el Perú eligió un presidente con un mínimo respaldo parlamentario y a una oposición con mayoría absoluta, la cual se comportó de manera intransigente, al extremo de llevarlo a renunciar. Su sucesor encontró que la mejor manera de construir su popularidad era enfrentándose a ese Congreso al extremo de cerrarlo inconstitucionalmente, con el apoyo de 84% de la población. El nuevo Congreso –leyendo muy mal el sentimiento popular– creyó su deber vacar a ese gobernante, lo que llevó a un brevísimo gobierno presidido por un congresista, el cual tuvo que ser reemplazado por otro para aplacar la protesta ciudadana. El deterioro de los partidos representados en el Legislativo condujo en 2021 a la elección de un outsider antisistema y al fraccionamiento en más de 10 bancadas en el Parlamento.

Pedro Castillo fue merecidamente vacado en 2022 por su frustrado golpe de Estado, pero el comportamiento del Congreso desde entonces no ha hecho más que alejarse de la ciudadanía. Mientras más de 70% de la opinión pública esperaba un adelanto de elecciones, una coalición de bancadas parlamentarias optó por entenderse con la presidenta Dina Boluarte, para gobernar a través de ella. El problema no es solo que ella sea impopular, sino que, según la encuesta de Ipsos Perú21 que se publica hoy, 59% de la ciudadanía cree que los congresistas votan buscando un beneficio personal, 23% un interés de grupo, 7% por cálculo electoral y solo 9% con una visión de lo que es mejor para el Perú.

De seguir así la percepción del electorado, el Perú podría elegir en las próximas elecciones a otro outsider, más radical y más astuto que Castillo, que logre disolver exitosamente el Congreso y que lo haga con apoyo popular. ¿Puede el actual Parlamento hacer algo para evitar esa perspectiva? En mi opinión, hay tres reformas que serían de gran ayuda para ese propósito: las que permitan votar por candidatos más idóneos, las que induzcan a una menor dispersión parlamentaria y las que acerquen al electorado a sus representantes.

Para tener candidatos más idóneos, es indispensable una reforma constitucional que impida que personas que han cometido delitos graves puedan postular. Hoy cualquier asesino o secuestrador que ha cumplido su pena puede ser presidente o congresista.

Para reducir la dispersión, es necesario facilitar la conformación de frentes de partidos. La actual legislación los desalienta, subiendo la valla electoral para los frentes, con lo cual los más de 30 partidos que logren su inscripción preferirán ir por separado y el resultado será nuevamente que dos candidatos presidenciales con baja votación pasen a la segunda vuelta y que haya una gran dispersión en el voto parlamentario.

La tercera reforma es la más compleja y consiste en la redefinición de los distritos electorales. Las circunscripciones más grandes deberían ser fraccionadas, empezando con Lima. La capital cuenta con 33 congresistas elegidos en conjunto. Lo mejor sería que Lima se divida en cinco distritos electorales (norte, centro, sur, este y oeste) para acercar a los electores a sus representantes. Además, es fundamental actualizar la distribución de las curules. En la provincia de Lima vive 31% del electorado, pero cuenta con solo 25% de curules.

Solo si la población ve una voluntad del Parlamento para depurarse – desaforando a los ‘mochasueldos’, para empezar– y reformarse para mejorar su composición futura, la ciudadanía podrá empezar a recuperar la confianza en esta institución fundamental para el sistema democrático. De lo contrario, el riesgo es que gane las elecciones un autoritario antisistema y este cierre el Congreso con apoyo popular.