"Sin un Ministerio Público libre de sospechas sobre su probidad, profesionalismo e independencia, el sistema político en que se basa nuestra democracia será vulnerable". (Foto: GEC)
"Sin un Ministerio Público libre de sospechas sobre su probidad, profesionalismo e independencia, el sistema político en que se basa nuestra democracia será vulnerable". (Foto: GEC)

Desde la época de Blanca Nélida Colán, el Ministerio Público ha sido zarandeado por escándalos generalmente relacionados –salvo honrosas excepciones– con injerencias políticas, presuntas o reales. Es decir, por haber dejado que intereses partidarios se inmiscuyan en las decisiones de ese organismo autónomo.

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Durante la década fujimorista se llegó a un extremo que muchos pensaron jamás se repetiría, pero la realidad ha sido más fuerte que esa presunción. Y ha vuelto a ocurrir ahora, en democracia, nada menos.

De hecho, lo que hemos visto en los últimos días con la saga de declaraciones e imputaciones que ha lanzado el otrora hombre fuerte de la gestión de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, no difiere mucho de anteriores episodios, aunque pocas veces ha sucedido que la repartición de acusaciones o absoluciones cubran un rango ideológico y político tan amplio.

Podría decirse incluso que todas las tiendas y membretes partidarios han sido alcanzados.

La Ley Orgánica del Ministerio Público es muy clara sobre los principios que deben regir la entidad, y la traemos a colación por la crisis profunda en que este nuevo escándalo la ha sumido.

“El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos... También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia”, reza su texto rector.

Pues bien, por lo visto y escuchado en los últimos días, autonomía e independencia no habrían sido precisamente los principios que han hecho respetar los últimos cuatro titulares de la institución.

Sin embargo, la opción no es intervenir la entidad, como plantean los mismos políticos que en años anteriores la manipularon groseramente, sino fortalecerla con mayor presupuesto, mejores fiscales supremos y recursos logísticos necesarios. Sería, cuando menos, un buen punto de partida para comenzar a recuperar su independencia.

Sin un Ministerio Público libre de sospechas sobre su probidad, profesionalismo e independencia, el sistema político en que se basa nuestra democracia será vulnerable, por lo tanto, presa fácil de los así llamados poderes fácticos o los extremismos políticos, que no dejan de conspirar en su contra y en contra de la salud de las instituciones en nuestro país.

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