La figura histórica de la inmunidad parlamentaria está totalmente desnaturalizada por su uso abusivo y desproporcionado. Mamani y Donayre son solo dos ejemplos recientes de muchos otros en los que esta prerrogativa constitucional ha sido utilizada para evitar la justicia en asuntos que no guardan ninguna relación con actos derivados de la acción parlamentaria.
Es razonable que los legisladores no sean procesados por opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su función. De lo contrario, sin esa protección, el riesgo de que pierdan independencia y se vean amenazados por verdaderas persecuciones políticas lideradas por sus opositores para silenciarlos o torcerlos será mucho mayor.
Pero eso es muy distinto a lo que viene sucediendo en el Congreso local, donde la inmunidad parlamentaria se utiliza para blindar a congresistas acusados de delitos contra la libertad sexual o corrupción, como en los casos Mamani y Donayre –especialmente en este último donde hay sentencia–, que nada tienen que ver con sus opiniones personales o historial de votación en el Pleno. Lo mismo sucede cuando otros legisladores han utilizado esta protección como escudo para difamar, injuriar y calumniar a periodistas y críticos.
Otra consecuencia de su mala regulación es que el levantamiento de la inmunidad se ha convertido en un producto de negociación, en la que el legislador en aprietos hipoteca sus votos futuros a cambio de impunidad. Si el contexto lo permite, con esa transacción puede salvarse de la justicia o, al menos, ganar algo de tiempo, como vemos estos días.
La inmunidad, como está regulada, es un incentivo perverso para un mal entendido sentido de cuerpo que ha llevado al Congreso nacional a niveles de descrédito imposibles de justificar. La salida es reformarla o eliminarla.