Hugo Coya, expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), fue forzado a renunciar por el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi. Ante aquella decisión, la imparcialidad de TV Perú y el respeto del Gobierno por la libertad de prensa quedan en vilo.

Coya aseguró que, desde que asumió Petrozzi, recibía presiones sobre cómo debía conducir el canal, pero, además, el titular de Cultura también le habría asegurado que había malestar sobre las coberturas que realizaba y que el presidente Vizcarra estaba siendo envenenado por dos funcionarias. Lo curioso es que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó la mañana de ayer que convocarían a Petrozzi para que informe sobre qué motivó el cambio en el IRTP, pero aquello es ilógico, debido a que fue el presidente Vizcarra quien firmó la resolución suprema Nº 013-2019-MC en la que se oficializó el despido de Coya; ¿acaso el presidente sabía sobre el despido de Coya al momento de firmar la resolución? ¿O suele firmar sin supervisar a sus ministros? En ambos casos, la actitud del presidente Vizcarra es lamentable y hace dudar sobre la imparcialidad del canal del Estado, sobre todo cuando el país atraviesa un proceso electoral.

Lo cierto es que el mandatario no podrá continuar sin asumir la responsabilidad por los actos de los funcionarios que él designó, dado que ya son varios exministros con graves cuestionamientos y ni una sola autocrítica del Gobierno, cuando, irónicamente, es el Ejecutivo el que pide a instituciones, empresarios y demás gremios hacer mea culpa.

Por ello, es momento de que la prensa y la ciudadanía se pregunten si el discurso cliché anticorrupción de Vizcarra aplica también para el Ejecutivo o si este solo rige de la puerta de Palacio de Gobierno hacia afuera.

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