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Hay que enmendarle la plana al Congreso
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La semana que termina es otra en la que nuestro Congreso se pone de espaldas a la ciudadanía. La prohibición de reelección inmediata de presidentes regionales, alcaldes provinciales y distritales es un intento de lavarse la cara, pero sobre todo, es una medida que va directamente contra algo que el propio ciudadano había resuelto con su voto.
A través de una votación mayoritaria, 93 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, el Congreso aprobó nada menos que la enmienda constitucional para que autoridades regionales y municipales solo puedan tener un mandato de cuatro años y, en todo caso, esperar un período si quieren volver a postular.
La medida es efectista y demagógica. ¿Por qué? Porque los legisladores votaron con los ojos y los oídos tapados. Los resultados de las elecciones municipales y regionales 2006, 2010 y 2014 revelaron que la tasa de reelección de autoridades regionales y municipales ha ido disminuyendo en cada nueva votación. Entre el 2010 y el 2014, la reelección de alcaldes provinciales bajó de 33% a 17%; la de provinciales bajó de 27% a 16% y en el caso de presidentes regionales bajó del 24% a solo el 10%. En pocas palabras, el elector ha castigado con el voto a los corruptos o ineficientes no reeligiéndolos. Lima fue un ejemplo clarísimo.
Las razones para esta disminución merecen la mayor atención. Puede ser que el votante sea más consciente, pero es indudable que los medios de comunicación y las redes sociales han ayudado destapando gestiones y autoridades incapaces y de uña larga. La excepción no puede generar una regla.
Por eso este cambio constitucional era innecesario pero sobre todo es perjudicial porque atenta contra la gestión misma. En el Perú existen más de 1,800 alcaldías, en pequeñas y alejadas circunscripciones, donde el desarrollo de competencias requiere más de un período. Estas autoridades, y por cierto, sus electores y poblaciones, pagarán los platos rotos, no solo por la corruptela de unos cuantos sino por la miopía centralista de la mayoría congresal.
Si el Congreso buscaba combatir la corrupción tenía otros caminos, como fortalecer las municipalidades o regiones con penas más altas y más controles para evitar la corrupción, o más incentivos para que las autoridades que gastan con eficiencia reciban más recursos y premios. Sin embargo el camino elegido ha sido solo para el show y la distracción. Fatal decisión que deberá enmendarse.
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