Las marchas y contramarchas del Gobierno están afectando seriamente la gobernabilidad del país. ¿Podemos confiar en la capacidad del Gobierno de resolver los problemas que enfrentamos y satisfacer nuestras necesidades de manera técnica y coherente? ¿Pueden nuestros líderes conducir al Perú al desarrollo?

Una de las condiciones de la gobernabilidad es la confianza que tengan los ciudadanos en el Estado y el Gobierno. Pero ¿cómo confiar en un Gobierno que es incapaz de gobernar?

En los dos meses que llevan el presidente y su premier en Palacio han demostrado ser muy poco tolerantes a la presión. La elección de Villanueva como premier ha sido un grave error en la medida en que presidente y premier comparten las mismas debilidades. Y esa falta de decisión, capacidad y empoderamiento los lleva a ceder al primer amago de conflicto.

Vizcarra y Villanueva equivocan su estrategia. Cualquier solución que pase por renunciar a los proyectos (como la derogación de los decretos que autorizaban la exploración petrolera o los peajes) o retroceder en la implementación de políticas públicas (como el aumento de las tarifas de Sunass en Moquegua o del ISC) para evitar conflictos no solo no funciona, sino que es un incentivo perverso para que cualquier grupo de interés se levante y utilice la violencia como amenaza para oponerse a alguna política que no le convenga.

Gobernar e implementar políticas públicas que reactiven el crecimiento económico y lleven al país hacia el desarrollo no pasa por ceder a la primera presión. Beneficiar a un grupo de interés por encima del resto de ciudadanos se llama mercantilismo. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno al aprobar la devolución del ISC a los transportistas. Solo para ellos y en un monto mayor al establecido en el aumento.

No contentos con todo este descalabro institucional, han decidido la transferencia de más de 6,000 millones de soles a los gobiernos regionales y a más de 500 municipios, dizque para lograr la reactivación económica. Ello en pleno año electoral y sin considerar la debilidad de gestión pública, que si bien afecta a los tres niveles del Estado, es bastante mayor en el nivel subnacional. ¿Si el Gobierno Central no ha logrado reconstruir las regiones afectadas por El Niño costero, cómo creen que los municipios locales podrán? Más aún, ¿quién garantiza que ese dinero sea gestionado adecuadamente, sin presiones de grupos de interés, sin clientelismo y sin corrupción?

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