Hablemos, primero, de los peruanos y de la emigración. De acuerdo a Ipsos, entre 1992 y el 2017 solo se han medido cuatro años en los que el número de limeños que emigraría si pudiera ha sido menor que el de los que no emigraría aunque pudiera. En el 2005, el deseo de salir del país alcanzaba su punto más alto: 77% de limeños. El año pasado, la cifra fue de 65%. La emigración, por lo demás, no es solo una cuestión futura: la cifra de peruanos viviendo fuera del Perú se calcula en algo menos de tres millones. Casi un tercio de peruanos tiene tíos, sobrinos, primos o abuelos viviendo en el extranjero.
Detengámonos, luego, en lo que sabemos los peruanos de la situación venezolana. Siempre de acuerdo a Ipsos, los peruanos desaprueban la gestión de Nicolás Maduro (93% en febrero), y creen que su gobierno es una dictadura (80% en agosto del 2017). Para los limeños, ese gobierno no respeta la libertad de expresión (81% en marzo del 2015) y reprime a la oposición (81% en la misma fecha).
Hasta aquí todo claro. Pero entonces aparece la inconsistencia moral.
Pensemos en nuestra actitud hacia la inmigración venezolana. En febrero, 43% de peruanos creía que la inmigración venezolana era negativa. En el interior, la cifra (50%) es mayor que en Lima (36%). Y posiblemente existe una tendencia hacia una opinión incluso menos favorable. De acuerdo a Datum, en mayo del 2017 31% de peruanos estaba en desacuerdo con que el gobierno permita el ingreso a los venezolanos para residir y trabajar en nuestro país. Menos de un año después, en marzo de este año, la cifra ya era del 51%.
Más allá de los números, está su correlato práctico: titulares enfatizando la nacionalidad venezolana de quienes cometen delitos; comportamientos agresivos hacia aquellos venezolanos con los que trabajamos o que nos brindan un servicio. Nuestras actitudes y sentimientos tienen un impacto en la vida diaria de los venezolanos, e incluso en nuestras políticas públicas.
En esto último me quiero detener. Estamos pasando por un momento en el que el gobierno de Martín Vizcarra, débil de raíz, está tomando una serie de decisiones populistas (¡subsidiemos las viviendas!, ¡prohibamos la reelección de congresistas!). Es por ello difícil no quedarse con un sinsabor cuando a la información cada vez más frecuente sobre xenofobia en el Perú le sigue una decisión del gobierno de ponerles un requisito imposible: tener un pasaporte. Un trámite que se ha reportado podría costar más de US$ 2 mil, en un país en el que además hay escasez de material para proveerlos. A esto sumémosle cambios que dificultan obtener el PTP (permiso temporal de permanencia).
El gobierno se escuda en argumentos técnicos, de seguridad, para sus medidas. Pero en la práctica no está haciendo otra cosa que imponer un trámite que para miles de venezolanos será simplemente incumplible; es decir, está prohibiendo la entrada al país de personas que viven una crisis humanitaria. Y entonces queda la pregunta: nosotros, que saldríamos de nuestro país si pudiéramos, ¿hasta qué punto somos responsables, con nuestra xenofobia diaria, de que el gobierno comience a tomar decisiones que le harán la vida imposible a miles de venezolanos? ¿Hasta qué punto hemos causado esta falta de humanidad?