La crisis institucional del sistema de partidos y el desencanto generalizado con la política hizo, con los años, que el financiamiento de partidos se convierta en una tarea titánica en el Perú. Las disminuidas y precarizadas organizaciones políticas, otrora movimientos de masas, han buscado maneras alternativas de agenciarse recursos: han vendido curules u otras candidaturas (fomentando la mercantilización de la política), han recibido recursos de origen ilegal (narcotráfico, trata, corrupción), o no ilegal pero que entrañan serios conflictos de interés y que, a la postre, suponen que el partido se hipoteque. Para evitarlo, y para fortalecer a las organizaciones políticas, fomentar que investiguen, que tengan propuestas solventes de gobierno y cuadros capacitados, es necesario que exista financiamiento público como, de hecho, sucede en el Perú desde el 2017.
Es natural que en un ecosistema político como el nuestro, en el que los partidos están deslegitimados ante la ciudadanía, el financiamiento estatal no sea visto con buenos ojos, más aún después del destape de Epicentro Tv y Latina sobre el cuestionable (aunque no ilegal) uso de recursos públicos para contratar consultorías e informes de investigación de personas allegadas a los partidos (FP, PP y APP) e incluso para hacerle propaganda al partido (FP) y divulgar publicaciones (FA).
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Pero el problema no es que exista financiamiento público, sino que se aprovechen de él. Y para evitarlo es necesario que se regule mejor el destino que esos recursos y, además, que los partidos sean sancionados si incumplen. Nada impide que sea la ONPE, el órgano especializado, quien reciba la capacidad discrecional para regular mejor la materia (aunque aquí peco de ambiciosa dada la vocación endémica de los congresistas de ser juez y parte). Lo que sí hay que destacar es que en la reforma política del 2020 el Congreso empoderó a la ONPE para que pueda imponer sanciones pecuniarias y políticas (que incluyen la suspensión de inscripción) y debe usar esas facultades para velar porque los partidos cumplan con las normas de financiamiento.