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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

La semana pasada, Verónika Mendoza, en calidad de candidata a la presidencia, suscribió un compromiso con el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sedapal (Sutesal), mediante el cual se comprometió a "realizar todos los esfuerzos conjuntos para evitar la privatización de Sedapal". Ello, según el mismo comunicado, supone evitar "concesionar las actividades de comercialización, operación y mantenimiento de Sedapal en sus tres sectores Norte, Centro y Sur, así como la concesión de la Planta de la Atarjea".

Es válido que un político escuche a los sindicatos, y que estos apoyen su candidatura. Lo que no es válido es que para ganar votos se ofrezcan "blindajes" a determinados puestos de trabajo, sin siquiera evaluar si las reformas convienen a los ciudadanos.

Proteger desde el Estado a un grupo de interés de la competencia se llama mercantilismo, un tipo de política donde lo que importa es el lucro, y no el bienestar del ciudadano.

Para que el agua llegue a todos los peruanos se necesita más infraestructura y mejor gestión, algo que las empresas a cargo del Estado no han sido capaces de hacer.

Basta comparar Sedapal con su homólogo privado chileno Aguas Andinas, que brinda 30% más de cobertura con niveles de eficiencia diez veces mayores. Pero, más allá de si uno está o no de acuerdo con la concesión de Sedapal, lo que no puede hacerse es hipotecar el interés público al de un grupo determinado, por más que se trate de trabajadores.

Mendoza repite constantemente que hace una nueva política y que "no se vende a los grandes intereses". ¿Pero no está acaso buscando intercambiar votos por puestos de trabajo? ¿En qué se diferencia esto del "lobby" que ella frecuentemente denuncia? ¿Depende del tamaño de la billetera? ¿De si eres un trabajador o un empresario? Dejamos la respuesta a los lectores.

*Escrito en coautoría con Mario Zúñiga.