¿Exceso o amenaza?

El miércoles 29 de enero, un contingente de 40 policías y dos fiscales allanaron la vivienda de la periodista María Teresa García. Aquella intervención se realizó para decomisar la grabación de una cámara de seguridad que habría registrado el robo de una cartera.

El vergonzoso hecho ha dejado un pésimo precedente, dado que queda en evidencia que hay jueces que pueden ordenar un allanamiento con descerraje por la obtención de la grabación de un robo en el que la periodista ni siquiera está involucrada, y sobre todo cuando a la periodista no se le solicitó la cámara previamente, como García señala. Además, así García se hubiese negado a entregar la filmación, enviar a 40 efectivos de la Policía es una exageración. Es por ello que el Ministerio del Interior tiene que dar explicaciones, dado que el juez ordena y pide apoyo a la PNP, pero es esta quien determina cuántos policías utiliza para un allanamiento. Y, por otro lado, García es editora del diario Expreso, el cual publicó una entrevista a Beto Ortiz, en la que asegura que Vizcarra terminará preso al finalizar su mandato. Entonces, es muy dañino para las instituciones y la democracia que eventos como aquel generen sospechas sobre el respeto a la libertad de prensa por parte del gobierno.

El Ministerio Público y el Ministerio del Interior deben dar explicaciones lo antes posible y, de ser necesario, sancionar a los responsables de aquel vergonzoso hecho. Dado que, de no ser así, los derechos de cualquier ciudadano se encuentran bajo amenaza constante, sobre todo, si de manera injustificada se puede ordenar a 40 policías allanar el domicilio de una periodista. Y lo más perjudicial será la incógnita sobre si fue solo un exceso de los fiscales y el juez, o un amedrentamiento contra la prensa.