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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Esta semana, se presentó un informe sobre la violencia que sufren las lesbianas en el Perú. La cobertura mediática fue mínima. Y no sorprende: por lo general, los actos de violencia contra mujeres lesbianas llegan a los medios cuando están marcados por la brutalidad. Por ejemplo, Pilar Fachín fue noticia. Su hermano la agarró a machetazos por amar a una mujer. Casi siempre es así. Y Antonella fue noticia porque, en un hecho inédito en el país, denunció a su madre por violencia física y psicológica.

"Esta es la primera denuncia penal por el delito de discriminación en la que los denunciados son integrantes del grupo familiar, en este caso, la madre y el padrastro; sin embargo, esta situación no es ajena a todo el colectivo LGTBI en el Perú. La violencia y discriminación no solo se perpetran en el espacio público, también al interior de las familias, dejando en absoluto desamparo a adolescentes LGTBI que —como Antonella— sufren este tipo de vejámenes", dice la abogada Brenda Álvarez de Promsex, organización a cargo de la defensa de esta joven de 19 años que venció el miedo y salió en la televisión para contar su historia.

El informe del colectivo de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), llamado "Aportes críticos para una política pública de visibilidad de las violencias que viven las lesbianas y mujeres con sexualidades no hegemónicas", revela la situación de vulnerabilidad en que viven mujeres como Pilar y Antonella, y la omisión del Estado peruano que ha perpetrado la invisibilidad como política. La llegada del nuevo gobierno es una esperanza; aunque se teme que ciertos sectores conservadores impidan el cambio.

Ollanta Humala es el presidente más homofóbico de la región (creo que hasta le gana a Maduro y a Correa, y eso no es poca cosa). En su gobierno, el colectivo de lesbianas, gays, trans y bisexuales ha sido ignorado de manera sistemática, lo cual es un acto de violencia silencioso.

En el último año, se han identificado 25 casos de violencia contra lesbianas: 10 ocurrieron en el hogar y 15 en el espacio público. Cinco de las víctimas fueron adolescentes. Silencio e impunidad son palabras que acompañan estas historias; pero esto debe cambiar, y la esperanza que tiene la abogada Brenda Álvarez es la misma que mantenemos algunos frente al nuevo gobierno y ciertos representantes que han expresado posturas claras y abiertas a favor de los derechos humanos. Porque los derechos LGTBI son derechos humanos, y eso debe quedar bien claro a la hora de legislar y establecer políticas públicas. Que acabe este gobierno de la exclusión y se inicie un real gobierno de la inclusión puede ser una esperanza ingenua; pero el país y sus poblaciones vulnerables necesitan medidas y acciones reales más allá de las buenas intenciones.