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Juan José Garrido,La opinión del directorLa trágica muerte de don Jorge Izquierdo Quijano, director del penal 'El Milagro' de Trujillo, tiene que servir de límite frente a la escalada de criminalidad nacional. Abatido por un sicario a plena luz del día, la muerte de este funcionario bien puede servirnos como punto de quiebre a fin de tomar decisiones, de una vez, destinadas a lidiar con este flagelo.

El asesinato, más allá de la desgracia que enluta, es un síntoma cada vez más frecuente de aquella enfermedad que se propaga por la fragilidad de nuestras estructuras sociales. El Estado, abocado a tareas de todo tipo, ha concedido al hampa espacios de desarrollo a nivel nacional. Los penales son el punto de encuentro y de operaciones de mafias articuladas, organizadas y –lamentablemente– efectivas. Matan, extorsionan y secuestran en un ambiente donde la impunidad pareciera ser la costumbre.

Nuestra policía, mal equipada, deslegitimada y desprotegida jurídicamente, enfrenta los incentivos más perversos. No es un problema de bajos salarios; eso es parte de la ecuación maldita. El sistema está podrido y ellos no pueden hacer por sí solos la diferencia.

El Poder Judicial, llamado a velar por la seguridad física de la ciudadanía, es la institución más desprestigiada, entre diversas razones por la indolencia con la cual se inmiscuye en las causas. Ante ello, la fiscalía –salvo por honrosas excepciones– termina siendo una caseta más en la carretera de los procedimientos, y no un espacio de apalancamiento jurídico como debiera ser.

Así las cosas, la criminalidad avanza sin restricciones, ante la letanía de un Estado agujereado por la realidad y la incredulidad de los ciudadanos. Nos estamos volviendo un espacio liberado para el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, y todo ello ante nuestra atónita e impotente mirada.

Requerimos, aunque suene doloroso, de un milagro, de un cambio en la visión que sobre sus funciones tiene el Estado. Ello no requiere de recursos; demanda, eso sí, de liderazgo. Esperamos la pronta y enérgica acción del gobierno.