Enemigos de la educación

El Ministerio de Educación ha alertado sobre el proyecto de ley que se trabaja en el Congreso de la República que traería abajo la meritocracia en el sector al permitir el nombramiento automático de maestros por determinado tiempo de servicios (la congresista Sigrid Bazán llegó a hablar de tres años de ejercicio).

En buena cuenta, un atentado contra la Carrera Pública Magisterial que, a la corta y a la larga, impactará en la calidad del servicio educativo que reciben nuestros estudiantes, especialmente los de las escuelas públicas. De prosperar esa demagógica iniciativa podrán ingresar docentes a planilla sin mediar prueba o evaluación alguna.

Y no debería sorprender ya a nadie que incluso parlamentarios de los partidos de izquierda se hayan sumado a una contrarreforma promovida inicialmente por grupos ultramontanos, fundamentalistas religiosos y grupos conservadores. Los extremos, una vez más, se juntan, en esta oportunidad para destruir lo avanzado en favor de una educación moderna y democrática.

El daño que se le está haciendo a nuestros escolares, a través de las medidas que se han venido implementando desde el Parlamento y anteriores gestiones en el Minedu, se sentirá sobre todo en los sectores más necesitados.

La razón es sencilla: son los más pobres quienes no pueden pagar colegios particulares y quienes tendrán que resignarse a que sus niños queden bajo la tutela de maestros de incierta calificación profesional o laboral.

No se trata de la primera embestida contra la educación —escolar y universitaria— desde que se instaló este Legislativo. Ya antes ese poder del Estado apuntó contra la Sunedu y aprobó una ley con la que convirtieron a ese organismo fiscalizador en un remedo de sí mismo, dominado ahora por el compadrazgo entre rectores, dueños de instituciones y miembros de las burocracias administrativas universitarias.

Después de ver lo que hacían estas instituciones con el dinero de los estudiantes, como es el caso de Cesar Acuña quien, en 2018, se celebró su cumpleaños con plata de la Universidad César Vallejo —de su propiedad— o le “contrataba” consultorías carísimas a su hijo Richard, se entiende por qué querían bloquear la reforma.

El futuro del Perú ha caído en las peores manos.