[OPINIÓN] Richard Arce: “Que se vayan todos en Ecuador”

La crisis política en el Ecuador ha llegado al extremo de la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso. Lo hizo inmediatamente después de iniciado el juicio político y ante la inminencia de una posible destitución. Ahora ha eludido eso aprovechando una prerrogativa constitucional que está estipulada en la Constitución de 2008, fruto del primer gobierno de Rafael Correa.

Se tiene que diferenciar claramente con lo acontecido en Perú el 7 de diciembre del año pasado, porque no tiene ningún parangón. Pedro Castillo cometió un golpe de Estado y por eso está purgando cárcel, por la gravedad del delito y la prognosis de la pena. Con la carga de las pruebas terminará con una sentencia condenatoria.

Zanjado el tema, analicemos la complejidad de lo sucedido en el Ecuador, que sí tiene algunas similitudes en nuestro país, como la unicameralidad y estos mecanismos constitucionales de equilibrio de poderes que permiten una salida en un momento de crisis política, como la “muerte cruzada”, con la que se convoca a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias para que las nuevas autoridades terminen el periodo de gobierno, en este caso, hasta 2025.

La realidad es que esta prerrogativa del presidente tiene sus condiciones. No está sometida a su discrecionalidad y puede ser un arma de doble filo, pues se pretendería la impunidad del presidente. Hoy recae ahí la mayor crítica y hay voces que señalan una inconstitucionalidad, puesto que Lasso seguía un proceso de juicio político por peculado durante su gobierno, que evidentemente lo desacredita.

El impacto de esta crisis política en la región va a ser inminente, porque va a irradiar como un mecanismo de salida a la crisis que viven varios paises de Latinoamérica como el Perú. Eso es innegable y debemos de estar atentos al devenir de la historia en los próximos meses.