Después de más de seis largos años, el caso de Alejandro Toledo se encamina finalmente a un juicio oral que, si ningún imprevisto se cruza, terminará en una sentencia condenatoria por las millonarias coimas que recibió de Odebrecht.
En la cola se aprietan también los expedientes de otros expresidentes de la República, candidatos presidenciales y conspicuos líderes políticos, como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano o Susana Villarán.
En el curso de las investigaciones se han producido idas y venidas debido a recursos legales interpuestos por los propios investigados, con la intención de eludir la acción de la justicia, pero, también con la idea de dilatar o enredar los procesos para desprestigiar al equipo de fiscales.
De la misma manera, algunas de las demoras se debieron a que el trabajo de los fiscales no fue suficientemente escrupuloso. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la investigación a Keiko Fujimori por captar aportes de campaña presuntamente ilegales, lo que llevó a que el Poder Judicial devuelva varias veces la acusación por las observaciones de los abogados, luego aceptadas por la judicatura.
Y está sucediendo también con PPK, investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez, igual que la de Fujimori, en la que un juez ha anulado la acusación al amparar una tutela de derechos por afectación al debido proceso del exmandatario. Es decir, mal no le haría al sistema fiscal revisar sus procedimientos, pues estos contratiempos terminan favoreciendo la impunidad de los culpables o manteniendo injustamente privados de derechos a encausados que, al final de los procesos, podrían terminar demostrando su inocencia.
Los expedientes de estas acusaciones deberían ser expresión del alto profesionalismo que mostraron los fiscales del Equipo Especial al comienzo de su trabajo, cuando se comenzaron a destapar las cuantiosas coimas que Odebrecht repartió entre funcionarios públicos del más alto nivel. Pareciera que en este último tramo de las investigaciones los letrados hubieran comenzado a tirar la esponja. Y que algunos de sus integrantes estén buscando otros puestos de labores en el sistema de justicia podría ser un indicio.
La ciudadanía, sin embargo, espera que los procesos conduzcan a penas que sancionen de una buena vez los delitos cometidos, sin nuevos retrocesos por errores en las formulaciones jurídicas o defectos en legajos procesales que deberían ser inmaculados.