El desprestigio internacional por culpa del Congreso y el gobierno

El Gobierno no entiende los alcances que tienen los tratados internacionales que el Perú ha suscrito con el respaldo justamente del Parlamento, como el Pacto de San José, que nos suscribe al Sistema Interamericano de DD.HH. y con el cual nos sometemos a la jurisdicción de un tribunal supranacional, la Corte IDH, una adhesión que fue refrendada y reconocida por el Congreso Constituyente Democrático, el CCD de Alberto Fujimori, en el año 1993.

La carta enviada y firmada por la presidenta Boluarte y el titular del Congreso es atrevida, desde todo punto de vista, porque para empezar se olvida que la Corte IDH ha actuado en situaciones similares cuando se ha pretendido denunciar el Pacto de San José con el objetivo de retirarse de la competencia jurisdiccional de la Corte, en los casos de Guatemala y, sobre todo, Nicaragua, dictadura del sátrapa Daniel Ortega que viola DD.HH. de ciudadanos y opositores.

Hoy estamos a la altura de estos países cuestionados, que son prácticamente parias para la comunidad internacional —la noticia ya dio la vuelta al mundo—, con lo cual olvidémonos de nuestra incorporación a la OCDE y, además, ya no seremos considerados país atractivo para las inversiones, porque hay una grave crisis de legitimidad, y perderemos también el grado de inversión.

La carta además es una muestra de la ignorancia diplomática en materia de DD.HH. y organización del Estado, porque no hay ningún desconocimiento de la separación de poderes por parte de la Corte IDH.

La Corte IDH actúa en prevención porque sí tiene competencias en materia de DD.HH. y acceso a la justicia, porque justamente la ley que pretenden promulgar va en contra de las obligaciones del país, establecidas en el marco de una sentencia ya emitida.

La carta termina aludiendo a comunistas y caviares, esa descalificación a opositores que hace lo más rancio de este Congreso y que hoy Boluarte refrenda para que su gobierno siga con el respirador artificial.