La disolución del Congreso por Alberto Fujimori en abril de 1992 fue un nefasto precedente para la democracia peruana. Además de las consecuencias perversas a nivel institucional, dejó un perjudicial legado en la cultura política de los peruanos: en tiempos de crisis, se puede prescindir de las instituciones, sobre todo de las que tienen baja popularidad, son percibidas como obstáculos o simplemente despreciamos. Después de Fujimori, muchos políticos intentaron jugar a la carta del outsider independiente exitoso. Pero ninguno había tratado de emular un cierre anticipado del Congreso.
Hasta que al presidente Martín Vizcarra se le ocurrió la “genialidad política” (sic) de una reforma constitucional para adelantar elecciones generales, en las que tanto Ejecutivo como Legislativo adelantasen su recambio. “Es constitucional”, dicen sus defensores. “No es autoritario porque él también se va”, indican para justificarlo. La sola intención manifestada el 28 de julio –peor aún de concretarse– daña la cultura política democrática peruana, pues afianza el legado fujimorista antiinstitucional. Además, la salida vizcarrista sintoniza con el sentido común informal, pues quiebra el espíritu del mandato de representación con la propia legalidad. Pasamos de la “interpretación auténtica” del fujimorismo a una leguleyada elevada a reforma constitucional.
De adelantarse las elecciones, ¿cuál es el efecto en la cultura política democrática peruana de dos cierres anticipados del Congreso en menos de 30 años? Imaginen el futuro cercano: nuevas iniciativas de disolución legislativa, presidentes que se “inmolan” ante “amenazas a la gobernabilidad”, el uso y abuso de los referéndums para justificar estar de la “mano del pueblo”, etc.
La fórmula de incumplimiento de los mandatos más mecanismos de democracia directa ha sido muy frecuente en nuestros vecinos Bolivia y Ecuador. Recuerden la inestabilidad presidencial antes de la emergencia de Morales y Correa, respectivamente, quienes, apelando a mecanismos plebiscitarios, transformaron la institucionalidad de sus respectivos países, subordinándolas a los personalismos de turno. ¿Estamos entonces ante una suerte de determinismo cultural del mundo andino que inexorablemente nos lleva a este tipo de “soluciones”?
Chile y Colombia sirven de buen contraste para pensar que no. A pesar del desangramiento de una guerra interna que duró décadas, la institucionalidad política de Colombia se regeneró bajo los cánones de las instituciones liberales. ¿Qué puede ser más grave para la gobernabilidad de un país que el narcoterrorismo de las FARC?
La impronta de Vizcarra afianza más una cultura política plebiscitaria y nos aleja de una coherente con una democracia liberal. Es decir, vamos más cerca de los modelos institucionales de socialismos del siglo XXI que de la fortaleza institucional democrática de la Alianza del Pacífico.