(Foto: archivo GEC)
(Foto: archivo GEC)

Esta semana el excongresista José Luna Morales fue detenido y conducido a la cárcel luego de que el Poder Judicial le dictará 2 años y 10 meses de prisión preventiva por el caso de la irregular e ilícita inscripción del partido Podemos Perú.

Según la tesis fiscal, Luna y su padre, el dueño de la organización partidaria, presuntamente criminal, sobornaron a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a un jefe de ONPE a la medida y así inscribir a Podemos.

Las investigaciones avanzaron y el Ministerio Público requirió medidas cautelares para evitar la fuga y la obstrucción al trabajo de los agentes de la justicia. Lo que sigue es que el Congreso comience a tramitar, asimismo, el desafuero del legislador José Luna Gálvez para que responda ante los magistrados, porque es, casi textualmente, el padre de la criatura.

El hecho de haber logrado inscribir un partido político de manera fraudulenta no es poca cosa y sobre él debe caer todo el peso de la ley.

Habiendo entrado a la política formal por la ventana, a golpe de chequera, como suele decirse, Luna Gálvez amasó su fortuna en el negocio de las “universidades bamba” de las que es uno de los principales defensores en el hemiciclo de la Plaza Bolívar. Un rubro que le reportó enormes beneficios contantes y sonantes, en los años previos a que la Sunedu comenzara a fiscalizar a estas malas instituciones educativas, que lucraban estafando a la juventud peruana.

Y resulta que un personaje como este, de una catadura moral tan dudosa, ha terminado presidiendo nada menos que la Comisión de Presupuesto y Economía en el Congreso de la República. Es decir, un parlamentario investigado por dos casos de corrupción (Lava Jato y organización criminal) es quien decidirá sobre la asignación de dineros y recursos del Estado en los planes del Ejecutivo, con el que, al parecer, esta presunta organización criminal mantenía no pocos vínculos. El gato en el despensero, es decir.

Al arresto del virtual regidor de la comuna metropolitana debe seguirle, lo más pronto posible, la caída de la otra mitad de esta trama delictiva. El Congreso tiene la palabra.