[Editorial] Carteras con lastre

La presencia de los ministros del Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo, en el gabinete van a traerle más de un dolor de cabeza a la premier Mirtha Vásquez de cara al voto de confianza. En ambos casos hay conflictos de intereses muy evidentes que preocupan a la ciudadanía y en especial a los padres de familia.

Sobre Barranzuela, como lo ha revelado este diario, tiene hasta un doble conflicto, que lo hace nada apto para quedarse en el cargo ni un día más: es el principal asesor de Guillermo Bermejo en su afán de dejar la cancha libre a los cocaleros del Vraem para incrementar sus cultivos sin que nadie les moleste, a sabiendas de que el 90% de esa producción va al narcotráfico.

Ahora como ministro, con la Policía Nacional a su cargo, ya dio sus primeras señales de parcialización al pedir que suspendan los operativos de erradicación de los cultivos de hoja de coca, que se iban a iniciar este 15 de octubre. El segundo conflicto de intereses, que lo descalifica completamente, es haber sido abogado (quién sabe si lo sigue siendo en el sombra) de Perú Libre como partido e, individualmente, de Vladimir Cerrón y Guido Bellido.

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Con cinco dirigentes de PL con orden de captura involucrados en una compleja investigación sobre crimen organizado, ¿podrá el ministro Barranzuela ordenar la búsqueda y arresto inmediato de sus patrocinados? El domingo, en un programa de TV, titubeó cuando se le preguntó si dispondría una recompensa por cualquier información que la ciudadanía pueda dar sobre cada uno, pero al final no respondió nada en concreto.

En el caso de Gallardo, está claro que es miembro fundador de la Fenatep (otrora Conare-Movadef). Hablamos del gremio que marchó por las calles exigiendo la derogatoria de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, con Pedro Castillo a la cabeza. No debería extrañarnos si su misión en la cartera de Educación fuese justamente hacer realidad ese viejo sueño de los maestros jalados por incompetentes, es decir, acabar con la meritocracia en las planas docentes de los colegios públicos y que las evaluaciones no tengan ningún tipo de efecto vinculante.

Las bombas de tiempo que trae este gabinete están, pues, activadas. Si la presidencia o la nueva premier no las desmontan a tiempo, la ciudadanía y la sociedad civil tendrán que exigírselo.

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