Desaguisado

El espectáculo del fin de semana ha sido públicamente oprobioso. Comenzó con un “pique” parlamentario, en cuyo atropellado tramo final se aprobaron reformas que afectan nada menos que varios artículos de nuestra Constitución.

Y continuó con el sentido de la oportunidad el presidente Vizcarra, quien se imaginó a sí mismo parado frente a un arco sin arquero y pateó convocando a un referéndum innecesario para eliminar la inmunidad parlamentaria- dadas las circunstancias legislativas la consulta se produciría de facto- con el solo propósito de recuperar el aplauso y la popularidad.

Todo fue un desfile de planteamientos improvisados. Cada uno quiso salirse con la suya, el presidente aprovechando para recuperar puntos y el Congreso tomando decisiones ventajistas y de manera infantil –”si caigo yo, caen todos”-.

El viernes y la madrugada del sábado, la famosa “majestad” del Parlamento se rebajó hasta convertirse en una caudalosa sentina de intereses y reyertas particulares que nada tienen que ver con el beneficio de los peruanos. Apresurados, los parlamentarios negociaron e intercambiaron votos para favorecer a las así llamadas ‘universidades bamba’: Su objetivo es tumbarse a la Sunedu, a través de una “investigación”.

Luego se fueron a dormir desestimando puntos clave de la reforma política para proteger sus carreras que podrían verse melladas con el levantamiento de la inmunidad o el impedimento a postular a cargos públicos después de una sentencia en primera instancia. Pocas veces se ha registrado tal exhibición de irresponsabilidad en el hemiciclo de la Plaza Bolívar.

El domingo, arrinconados por la opinión pública y la aparición en escena del Ejecutivo, los congresistas discutieron ambos aspectos sumariamente, sin el mayor recaudo ético, jurídico y sin mediar consulta alguna a especialistas. Y culminaron con el capricho de incluir, en el paquete que eliminaba la inmunidad parlamentaria, el levantamiento de la protección jurídica de la Presidencia de la República y la obligatoriedad del antejuicio a los ministros de Estado, llevándose de paso prerrogativas similares de otros altos funcionarios, como los miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Lo único que quedó claro al término de tan escabrosa jornada es que, de prosperar lo que se ha contrabandeado en este tumultuoso desaguisado, el daño a la democracia y la gobernabilidad del país será irreparable.