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A raíz de que España acaba de sumarse al grupo de países que regulan la eutanasia y que cuentan con reglas para establecer en qué condiciones las personas pueden ejercer su derecho a la muerte sin sufrimiento, se hace más evidente por qué Perú también debe dar ese paso. Algo que Ana Estrada, quien sufre una enfermedad degenerativa desde hace 30 años, valientemente viene pidiendo y que será visto en sede judicial este 7 de enero.
Lo primero es que esta no es una ley a favor de la muerte, sino de la libertad de aquellos enfermos terminales que actualmente se ven obligados a continuar con vidas de sufrimiento que ellos mismos quieren terminar. Es el derecho a un final digno. No es que la ley española ahora obliga a un enfermo a morir. Pero sí establece reglas y procedimientos claros para que el que tiene una vida de dolor “físico y psíquico intolerables” sin posibilidad de sanación pueda encontrar una salida en paz, lo que incluye confirmar hasta en cuatro ocasiones distintas el deseo de morir. Los menores de edad no pueden elegir este camino y el derecho solo puede ser ejercido por quien cuente con capacidad para decidir de “forma autónoma, consciente e informada”.
¿Y en Perú? Recientemente, el Colegio Médico mostró su apoyo a favor de la muerte asistida. Hizo público un documento en el que recuerdan que los artículos 71 y 72 del Código de Ética del Colegio Médico establecen que ningún médico puede prolongar innecesariamente la vida. Si no funcionan los cuidados paliativos, la eutanasia surge como una forma digna de terminar con el sufrimiento irreversible. En esa línea debería ser resuelta la demanda de amparo presentada por Ana Estrada.
Como escribió Vargas Llosa en su reciente Piedra de Toque, “el derecho a vivir no se ve amenazado por el derecho a morir, más bien reforzado, porque no hay nada como la referencia de la muerte para apreciar las infinitas riquezas de la vida”.
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