El gobierno de Dina Boluarte, a través de Perupetro, parece estar decidido a entregarle tres lotes a la empresa estatal Petroperú, a pesar de las millonarias pérdidas que viene registrando de manera consecutiva por la mala gestión.
Nadie entiende bien por qué semejante pertinacia con una institución que ha demostrado ser del todo ineficiente. Sin ir muy lejos, en el segundo trimestre de este año, por ejemplo, la pérdida neta de la empresa ascendió a US$ 222 millones.
Expertos en la materia y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) han puesto contundentes reparos a esta operación, que huele a jugada para salvar a la estatal del descalabro, luego del astronómico endeudamiento que se realizó —sin garantía de retorno y rentabilidad— por la remodelación de la refinería de Talara.
Nos preguntamos si la presidenta de la República está bien asesorada o mínimamente informada por su anodino y limitado ministro de Economía de los estados financieros de Petroperú. Eso, aparte de los riesgos para el país de entregarle estos pozos con contratos que ni siquiera permitirían una mayor exploración dada la precariedad en que se encuentra.
Y por añadidura, la celeridad con que se está optando por otorgarle la concesión no solo es llamativa sino sospechosa, como si existiera una orden expresa de aprobar la medida cuanto antes, no importa si festinando trámites o expurgando objeciones técnicas en tiempo récord.
“¿Cómo es que le llama Perupetro análisis a algo hecho en tres días (para concluir) que Petroperú es un sujeto económico? Por transparencia, todo el país debería conocer con qué criterios técnicos llegó a esa calificación”, ha dicho Víctor Gobitz, de la SNMPE. “Deberían ser sinceros, porque se comienza a percibir que Petroperú está a puertas de otro salvataje financiero”, anotó.
Y no le falta razón al especialista, pues es con dinero del erario –es decir, de todos los peruanos– que se estaría rescatando esta paquidérmica empresa cuya ineficiencia, sin necesidad de profundizar en sus estados de cuenta, ha sido largamente demostrada.
¿Estará al tanto la mandataria que para obtener la concesión de esas unidades había en cola cinco empresas privadas interesadas en gestionarlas?
