Crece la ola

Con todo lo que tiene de extremo, el terrible episodio de la niña ultrajada en Chiclayo ha vuelto a situar el tema de la seguridad ciudadana en el primer plano de las preocupaciones de la población. Los continuos casos de violencia contra la mujer –en este caso, una infante de 3 años– no son más que parte de un espectro mayor de la anomia social que se cierne sobre el país.

La delincuencia está llegando a niveles de terror, especialmente en la capital y en ciertas de regiones del interior, sin que las autoridades atinen a tomar medidas para detenerla.

Y en nada ayuda, por supuesto, que el Perú tenga ahora un gobierno en cuyos altos cargos han logrado encaramarse –por largo o corto tiempo– sujetos con antecedentes criminales o un reguero de episodios de violencia en sus trayectorias.

O que, por si no tuviéramos suficiente con el Ejecutivo, en otros poderes del Estado, en el Legislativo se permitan lobbies de grupos de estafadores o de empresas dedicadas a prácticas abiertamente ilícitas como las universidades-bamba o los colectiveros informales. Todos, con funcionarios, candidatos y parlamentarios que defienden, sin el mínimo rubor, los intereses de quienes lucran engañando o poniendo en riesgo la vida de los peruanos.

La erosión del liderazgo presidencial, su pérdida de legitimidad se expresa también en la sensación generalizada de que ante la falta de autoridad cualquier delincuente puede atentar contra la propiedad privada o pública –como se suele ver en tantos conflictos sociales– o contra la integridad física de las personas, sin que al final le caiga el consabido “peso de la ley”, que en nuestro país a menudo parece ser más liviano que el del humo.

De nada sirvió el estado de emergencia que hace más de dos meses el gobierno decretó en Lima ante la ola criminal, como los especialistas lo advirtieron. Y a la ciudadanía no se le escapa. El 96% de limeños, según reciente encuesta de Datum, cree que la actividad delictiva se mantiene igual o peor con este régimen de excepción en la capital.

No es para menos. Si se es permisivo con el delito en las cabeceras del Estado, más difícil será todavía combatirlo en el resto del cuerpo social.