El castigo de cárcel infrahumana

Hubo quienes nos lo advirtieron por años. Señalaban que si bien los presos perdieron la libertad, no así los derechos a la dignidad ni a la salud. Que el hacinamiento dobla la capacidad de las prisiones. Que estas son insalubres. Que así no hay resocialización posible. Y que, en buena cuenta, la justicia solo lo será sin crueldad. Pero fue en vano. La sociedad parece respaldar un castigo no escrito: la cárcel infrahumana. Y el virus potencia los problemas.

Once mil trabajadores penitenciarios entran y salen de 68 prisiones. Están en contacto con 97 mil internos bajo cárcel infrahumana. En esas condiciones, el distanciamiento es imposible. El resultado: un peligroso foco infeccioso para todos.

La ONU y la CIDH piden reducir la población carcelaria. Las medidas anunciadas son insuficientes. Los presos por alimentos son solo 2,700 y los jueces no usan los instrumentos en nuestras leyes que permitirían la descongestión.

Se requiere más decisión y un marco legal especial que propicie la acción urgente.

Dos condiciones básicas:

1. Hay presos que no deben ser liberados. Sea porque no están en riesgo (una minoría tiene buenas condiciones), porque cometieron crímenes graves y sería desproporcionado con el daño que hicieron (asesinos, violadores, corruptos, etc.) o porque son un peligro público.

2. Rendición de cuentas. Siempre hay quien quiere aprovecharse y quien da el servicio. Entre los primeros, Abimael Guzmán y Alberto Fujimori han pedido injustificadamente ser liberados. Para evitar abusos: transparencia, publicidad y control.

Decisión difícil en tiempos trágicos. Como señala el escritor Anand Giridharadas, “tu salud está tan asegurada como la de la persona peor cuidada de la sociedad. La pandemia se decidirá en función de la altura del suelo, no del techo”.

Es necesario actuar.