Controlar a los politólogos

Con menos de 40 votos de los 130 posibles, el Congreso aprobó la creación del “colegio de politólogos”. Este nuevo disparate legislativo fue promovido por la fantasmal Asociación Nacional de Politólogos del Perú, creada en 2007 dentro de los pasillos de la Federico Villarreal. No de casualidad la ley solo ha recibido opinión de esa universidad, a pesar de que aún no se ha logrado licenciar. Ninguna otra universidad fue parte del proceso.

Entre otras perlas, la ley establece que el Comité Organizador del Colegio de Politólogos será presidido por un representante de las escuelas políticas de Lima (¿y las otras 24 regiones?) y –aquí viene lo bueno– por la Asociación Nacional de Politólogos del Perú (ANPP), cuyo presidente es nada más y nada menos que asesor del legislador fujimorista Miguel Ángel Elías, impulsor de esta norma. ¿Qué haría el comité liderado por ese asesor? Controlar y exprimir a los nuevos asociados con cuotas por la inscripción que sería obligatoria para ejercer la profesión.

Obligar a los politólogos a colegiarse es un sinsentido. A grandes rasgos, la ciencia política estudia la teoría y práctica del poder, el pensamiento político, los sistemas de gobierno y los comportamientos políticos en la sociedad. ¿Por qué se quiere regular esta actividad? Ni siquiera hay una demanda de la gente para que esto sea así. En la práctica esta no es más que una nueva repartija de poder.

El colegio de politólogos va en contra de la naturaleza de dicha profesión y es una forma de controlar a quienes –si hacen bien su trabajo– pueden ser bastante incómodos. También es un mecanismo para restringir el acceso a la profesión. Es, en resumen, más burocracia innecesaria.

Ahora que la ley de marras llegue al escritorio del presidente Martín Vizcarra, en Palacio no deberían dudar en observarla.