El contralor general de la República, Nelson Shack, ha denunciado una maniobra del Ejecutivo que debilitaría tremendamente el trabajo de este órgano de control.
Ello, dentro de un contexto en que la corrupción en la administración pública deja pérdidas anuales por 24 mil millones de soles y en que la credibilidad de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) anda por los suelos, debido, justamente, a escándalos de malos manejos, sobornos e intercambio de prebendas.
Se trata de una disposición incorporada casi de contrabando en un proyecto de ley sobre crédito suplementario en la que se dispone el recorte de la capacidad operativa de la Contraloría (CGR). Es decir, le recorta los ingresos que recibe de distintas entidades estatales para la labor de control concurrente de las licitaciones de un 2% del valor total de la obra a un mísero 0.5%. Con lo cual, la entidad fiscalizadora quedaría prácticamente inerme para realizar investigaciones complejas.
Y oh, casualidad de casualidades, la presentación de ese proyecto tiene lugar 10 días después de que la CGR le enviara a la presidenta Dina Boluarte un informe con una serie de observaciones para que haga sus descargos sobre una posible omisión en sus declaraciones de bienes y rentas que evidenciarían un desbalance patrimonial.
No pasaron ni 24 horas de la presentación de esa iniciativa para que el Ejecutivo presentara un candidato al Congreso para reemplazar a Shack en la Contraloría. Algo que luce con nitidez, y casi sin lugar a dudas, como una réplica artera al documento enviado a la mandataria. Si en el Parlamento se promulgan leyes con nombre propio, en Palacio habrán pensado: ¿por qué no ejecutar una vendetta inmediata contra el inoportuno inquisidor? Y como se sabe, amigos en el Hemiciclo no le faltan a la presidenta.
De comprobarse que esta propuesta no responde más que a un afán de venganza directa, se demostraría una vez más que ambos poderes del Estado no solo toleran la corrupción, sino que están dispuestos incluso a coludirse con ella con tal de salvar el pellejo.
No otra cosa significaría la reducción de presupuesto en la Contraloría. Una medida sospechosa y de arbitrariedad extrema que ocasionaría el desmantelamiento de los Órganos de Control Institucional (OCI), el despido de miles de auditores a partir de enero de 2025 y la disminución de las intervenciones de control.
Es decir, el sueño dorado del mal: el Estado casi sin fiscalización. Un verdadero bombón para los funcionarios amigos de la coima. Ni Kafka lo hubiera imaginado mejor.
