La última sesión del Consejo de Estado es aprovechada por el gobierno de Dina Boluarte para poner el parche a las investigaciones por el asesinato de 49 peruanos en las protestas de inicio de su gestión (diciembre de 2022), porque pretende aprovechar la actual crisis de inseguridad ciudadana comparándola con el problema de los excesos y abusos policiales en la represión de las marchas y protestas ciudadanas.
No se les ocurrió mejor idea que en este espacio de diálogo y concertación de las más altas autoridades del país —que incluye a los titulares del sistema de justicia, la Contraloría, el representante de los gobernadores regionales, entre otros— poner en cuestión justo un tema que está siendo judicializado y tiene a la propia presidenta denunciada, por los casos que se siguen a policías y militares investigados por las muertes de las protestas de inicio de su gobierno.
Lo que busca el Gobierno es impunidad al pretender que estos crímenes sean solo tratados en un fuero militar y policial; bajo ese criterio el grupo Colina que está sentenciado por homicidio y desaparición forzada, y que además tiene el agravante de violación de derechos humanos, nunca hubiera sido procesado y sentenciado. Si no recordemos a Alberto Fujimori y su Ley de Amnistía para estos criminales, al final no pudieron escaparse del largo brazo de la ley y fueron sentenciados y hoy purgan prisión.
La otra aberración es que pretenden que Sunafil se encargue de los extranjeros ilegales; entonces, ¿para qué está Migraciones? Otra aberración administrativa de este pronunciamiento rimbombante que hizo Dina Boluarte. Una vez más nos demuestran que están pensando en sus intereses personales y sus preocupaciones más que estar atentos a los problemas de fondo que hoy agobian a todos los peruanos.
Lo que no ha entendido la mandataria es que el Consejo de Estado es un espacio consultivo, la declaración que ella hace es solo de intenciones, no está institucionalizada para que pretenda cambiar leyes con intenciones. Debería entender que el Fuero Militar Policial no es competente para investigar delitos que cometen policías y militares y esto está claramente establecido por sendas resoluciones y sentencias del propio Tribunal Constitucional.
Por eso sorprende que el presidente de la JNJ, el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial no hayan dicho nada y hayan avalado lo expresado por la presidenta con su silencio, porque se entiende que el comunicado es el consenso del Consejo de Estado.
