Apelando otra vez a la práctica de hacerse de la vista gorda el gobierno de Dina Boluarte había consumado una semana antes el destino de esta controvertida norma.
Pese a que los especialistas ya habían advertido de los peligros y los alcances de esta disposición señalando que su aplicación debilita la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo prefirió pasar por alto el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso y no lo observó. Otra vez optó por lo más fácil, no tocar esa papa caliente.
Así, al no pronunciarse el Gobierno y vencido el plazo hace siete días, el Legislativo ordenó ayer que se promulgue la ley que modifica la definición de organización criminal y que obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado y su abogado.
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Además de obstaculizar este proceso la polémica ley considerará como organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa conformada por tres o más personas, que de manera concertada y coordinada se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel.
Ya consumada la norma el abogado penalista Andy Carrión reiteró los peligros que representará la aplicación de esta ley, la que generará impunidad.
“Ya lo venía advirtiendo desde la presentación del proyecto. Elevar la valla de la sofisticación y estructuración de una organización criminal va a provocar que se generen vacíos de punibilidad; van a haber muchas organizaciones que por no ser tan estructuradas y sofisticadas no van a entrar, no van a poder unirse dentro de una organización criminal con lo cual muchas de estas van a tener que ser investigadas por delitos comunes y no en el marco de una organización criminal”, explicó Carrión a Perú21.
Lesa humanidad
Junto a esta norma se ordenó también la promulgación de la ley que precisa los delitos calificados de lesa humanidad, aprobada en el Pleno en segunda votación hace más de un mes, y luego que el Ejecutivo tampoco se pronunciara sobre esta materia.
Con las modificaciones realizadas en esta norma ahora nadie “será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional”.
La ley es promulgada pese al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionó el dictamen y que pidió al Congreso suspender el trámite de esta norma.
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