[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: La defensa del pueblo

La coyuntura política es una maraña de escándalos, denuncias, actos de mal gobierno y señuelos distractores. La agenda se dispara por flancos diversos y es difícil seguir todos los acontecimientos. Uno muy importante que merece la atención de la ciudadanía es la elección de la persona encargada de su defensa: el nuevo Defensor del Pueblo.

El Congreso inició el procedimiento de selección y espera lograr el nombramiento del defensor en esta legislatura. Se requieren 87 votos. Ojalá se lo tome con la misma seriedad que la renovación del directorio del BCR. El peligro es que, en el contexto de la confrontación con el Ejecutivo, termine optando por una persona sin capacidad ni independencia que funja de amplificador de sus posturas en el debate político. Ello destruiría a la institución.

La Defensoría ha cumplido un rol trascendental en sus 25 años de existencia. Con altibajos, goza de confianza y legitimidad ciudadana. Ese sitial se lo ganó a punta de sus acciones de defensa de derechos y supervisión de la administración y los servicios públicos. Ha orientado, intercedido, atendido e investigado quejas, formulado recomendaciones, presentado proyectos de ley, interpuesto demandas; todo en beneficio de millones. Es el primer aliado de la población.

Y es que, pese al paso del tiempo, la institución aún se ve animada por la impronta que le diera su primer titular, Jorge Santistevan: “un reto esencial es demostrar nuestra independencia frente a todos los poderes (…) El compromiso del Defensor del Pueblo es en definitiva con la democracia y sus valores (…) tiene que estar siempre del lado del ciudadano (…) tiene que estar de alguna manera enfrentada a la autoridad pero no por motivos políticos, sino en última instancia para que la Constitución opere (…) para que la administración pública funcione” (Themis, 1997).

La Defensoría no cuenta con atribuciones vinculantes ni poderes coercitivos. Su efectividad depende del prestigio del defensor. Ese es su secreto. No se puede ejercer “la magistratura de la persuasión” sin legitimidad. Por ello, el requisito más importante que debe observar el Parlamento al elegir al nuevo defensor es “que goce de conocida reputación de integridad e independencia”. Ojalá así lo entienda.