César Álvarez se negó a declarar de nuevo. (César Fajardo)
César Álvarez se negó a declarar de nuevo. (César Fajardo)

Pocos imaginaban que el 15 de mayo de 2014, día del arresto del entonces gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, marcaría el comienzo del fin de toda una era de corrupción en el Perú.

Si bien es cierto que fue por ser el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato del exconsejero regional de la provincia del Santa, Ezequiel Nolasco –quien venía acusando a Álvarez de haber inflado presupuestos y recibido coimas para que un consorcio empresarial dominado por Odebrecht se hiciera con el contrato de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis–, su detención fue solo la punta de una madeja delictiva que, trasladada a los juzgados de Lima, pronto pasó a llamarse el caso ‘La Centralita’.

Un año después, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre Castillo asumiría el caso y ampliaría el espectro de las investigaciones, a través del testimonio de testigos acogidos a la colaboración eficaz y documentación acopiada en sucesivas incautaciones, que le permitieron seguir el hilo de la madeja y toparse con una millonaria red internacional de corrupción que, teniendo como eje los negocios de la constructora brasileña Odebrecht, finalmente fue expuesta y denunciada en cortes de Brasil y los Estados Unidos en diciembre de 2016.

Aunque la sentencia que ayer recibió Álvarez –cuya organización en su momento contaba, al igual que otros en estos días, hasta con congresistas que lo defendían– es de ocho años y tres meses de prisión efectiva, le quedan todavía otros crímenes más graves por los que espera condena en Piedras Gordas.

Esto nos debe recordar que los negocios sucios no solo alcanzan a los grandes proyectos del gobierno central, sino también a esas “pequeñas” obras que suelen hacerse en caseríos y provincias a cargo de distintos gobiernos regionales.

Sin embargo, mientras los peruanos contemos con funcionarios valientes y honrados como Ezequiel Nolasco, quien pagó con su vida el haber denunciado los ilícitos de Álvarez, y con profesionales comprometidos y rigurosos como el fiscal Elmer Chirre, podemos alentar la esperanza de que algún día la corrupción dejará de ser la sombra ineludible de toda obra pública en el país.