Esta semana hemos sido testigos de varias emergencias políticas en nuestro país. Muchas de ellas motivadas por nuestras autoridades congresales que se esmeran por deshacer lo que nos queda de democracia. Con la aprobación de proyectos que desaparecen los incentivos al cine hasta aquellos que dañan nuestra Amazonía y ni qué decir de las trampazas que hacen para evitar que a sus partidos políticos los juzguen en caso de cometer fechorías o la intentona para hacer prescribir los crímenes de lesa humanidad, convalidando el actuar de los más terribles asesinos y terroristas.
A nivel urbano también están cometiendo absurdo tras absurdo. Por un lado, desde el Congreso buscan volver a darles autorización a los vehículos de marca Tico para que presten el servicio de taxi. Los Ticos, esos automóviles pequeños y peligrosísimos que por su muy débil constitución se vieron involucrados en muchísimos siniestros viales y causaron la muerte de muchas personas y dejaron heridas a otras tantas. Sí, así como lo escucha, son estos los autos que ahora podrán volver a ofrecer el servicio de taxi en las regiones de nuestro país. Claramente no les interesa la vida; les interesan sus bolsillos.
En la capital, no es de sorprender que el alcalde de Lima anuncie más y más by-passes y obras absurdas, pero sí es una gran decepción que funcionarios y autoridades de otras organizaciones públicas no se atrevan a hacerle el pare y, para colmo, avalen estas sandeces. El último Decreto de Urgencia 010-2024, que permitirá la construcción de obras viales con miras a los Panamericanos en ocho zonas de la ciudad -Av. Javier Prado (en La Molina, San Isidro y Lince), la Av. Defensores del Morro (Chorrillos), Av. Próceres (SJL), Av. Nicolás Ayllón (Ate) y Av. Juan Pablo II (SJM y VMT)-, confirma el desatino de perjudicar la capital al no invertir en obras viales que incluyan la regeneración urbana y maximicen el valor del suelo urbano, por el contrario, perjudicando la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Para colmo de males, la misma municipalidad continúa entorpeciendo las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, situación que provocaría una nueva demanda a la capital que –seguramente— perderemos, como viene ocurriendo con las demás demandas en las que la MML atenta contra la seguridad jurídica.
Entre esto y la horrorosa noticia de violencia sexual contra más de 500 escolares en la región Chachapoyas, solo nos queda aceptar que están acabando con nuestro país, volviéndolo una vergüenza mundial.
