Hace dos semanas el sistema de salud en su conjunto ha estado sumergido en una intensa discusión sobre los medicamentos genéricos; sin embargo, esta no ha logrado poner el punto sobre la i, pues no todos los genéricos son buenos, ya que no todos garantizan seguridad y eficacia. Y sin ello, no tienen un efecto recuperativo en la salud de millones de pacientes que, ante la falta de acceso a centros de salud públicos, recurren a boticas y farmacias buscando solución a sus problemas.

Partamos de dos premisas claves, los medicamentos genéricos son y deben ser parte importante de una política nacional de salud, pero para que ello sea así, se necesita de una política regulatoria eficaz que sea independiente y tenga como cimientos la medicina basada en evidencia, donde los análisis de bioequivalencia, por ejemplo, sean su sustento.

El problema de fondo no está en si las farmacias y boticas deben estar obligadas o no a vender medicamentos genéricos, ni tampoco está en la dialéctica de genéricos versus de marca, sino en la calidad de los medicamentos genéricos que recibe la población peruana. Un medicamento ineficaz es simplemente una estafa y da igual si es barato, simplemente no sirve. Por tanto, la discusión de estos días resulta inoportuna y desproporcionada, y se ha convertido en un distractor del verdadero problema de fondo: los medicamentos genéricos que se venden y que compra el sector público no son intercambiables. Solo existen 88 productos intercambiables aprobados por la Digemid entre los más de 11,000 productos que hoy se distribuyen o venden en las farmacias.

En México, el 100% de principios activos están obligados a demostrar intercambiabilidad. ¿Qué intereses hay en el Perú para que no podamos avanzar en garantizar en seguridad y eficacia de los medicamentos genéricos que consumen los pacientes, sean pobres o no?

Queda claro entonces que el problema de fondo no está en si el gobierno obliga o no a vender genéricos en las farmacias y boticas, ni en un porcentaje u otro. Como dicen las propias asociaciones de profesionales, el decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo no resuelve el problema, pues no es el sector privado quien deba resolver lo que al sector público le compete. En síntesis, es imperativo tener una política pública que permita el acceso a los medicamentos genéricos, pero igual de importante es asegurar que estos garanticen seguridad y eficacia.