Cero en conocimientos

Finalmente, la Comisión de Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano del Congreso se salió con su capricho y aprobó la propuesta de ley que pretende poner sobre los escritorios de la burocracia estatal el manejo de los fondos de pensiones, es decir, del dinero de los aportantes a las AFP y a la ONP. Para ello, propone crear el Organismo Público de Pensiones, una entidad que se encargaría de “planificar, gestionar y promover el eficiente funcionamiento del nuevo Sistema Integrado Previsional”.

Como ya dijimos antes, una regresión a economías premodernas, en las que la administración del Estado deterioró a niveles extremos el ingreso de los jubilados, no solo en el Perú: los mayores podrán recordar hasta ahora las marchas callejeras de “viejitos” y las largas colas que estos se veían obligados a hacer para cobrar sueldos o beneficios, tan frecuentes durante las últimas décadas del siglo pasado.

Pero la comisión que preside Carmen Omonte no solo parece desconocer la historia, sino también los fundamentos mismos que hacen funcionar la economía de los países. Una ignorancia supina que no pasaría de ser anecdótica si no fuera el común denominador de la mayoría de las comisiones de este Congreso y no se tratara del destino o los dineros de millones de contribuyentes.

De hecho, solo uno de los miembros de esa comisión tiene algún grado académico relacionado con estudios de economía. Y no es que sea imprescindible tenerlo para defender determinadas propuestas en el Parlamento, para eso existen los asesores y especialistas, a los que siempre se puede consultar; no obstante, la soberbia y la necedad, que a menudo conlleva la ignorancia, parecen hacer que los análisis y recomendaciones de los expertos en la materia sean permanentemente desoídos, en la improbable eventualidad de que se hubieran dado el trabajo de pedirlos. Con lo cual, si son las buenas intenciones lo que en verdad los moviliza, el efecto final de esos planteamientos sin ningún sustento técnico será exactamente contrario a lo que dicen buscar.

El perjuicio para los afiliados y, en general, para la economía del país, será tremendo. El presidente de la República tendrá, una vez más, la obligación de observar este engendro legislativo.