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Hernando de Soto viene publicitando el diálogo con cuatro ex presos por terrorismo que supuestamente son los responsables de boicotear a la gran minería en todo el país. En realidad, son parte de un reducido grupo de agitadores antimineros, pero es darle una importancia que no tienen y la propaganda que sí buscan. Para conocer la posición del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) bastaría conversar con Fajardo o Crespo, que se encuentran recogiendo firmas para participar en las próximas elecciones.

También crea temor al declarar: "Se está creando un enfrentamiento de clases hecho a la medida de un futuro violento".

Coincide con el argumento de un sector duro de las Fuerzas Armadas que considera que los antimineros, al impedir la inversión en el sector y mantener la pobreza, intentan crear el "caldo de cultivo" que favorecería el retorno del terrorismo.

La verdad es que los conflictos con la gran minería tienen diversos orígenes; justa protesta de la población afectada, la dinámica política local, presión y hasta extorsión a la empresa por grupos que buscan beneficiarse y la lucha de sectores ambientalistas.

Exagerando, sostiene que seis millones de peruanos (el 20% de la población del país) estarían relacionados con la explotación minera "artesanal" y que 300 mil pugnarían por formalizarse y convertirse en pequeños empresarios, pero que el Estado les pone trabas; y se le ha prendido al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Pero fueron 70 mil mineros los que buscaron formalizarse, los que contratan a 250 mil peones y operarios. No pocos tienen decenas de obreros y se asientan en concesiones ajenas, usan maquinaria pesada y camiones modernos que transportan el material a plantas de beneficio.

Se estima que de este ilegal negocio se obtienen US$3 mil millones. Ahí reside el quid de la cuestión, cuando se acercan las elecciones y escasean los aportes.