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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El Perú es, a la vez, un paraíso y un infierno para observadores políticos, politólogos y periodistas. Paraíso, porque nos ofrece una inmensa materia para el análisis que desafía cotidianamente nuestra capacidad de entendimiento y hasta nuestra imaginación; a la vez infierno, porque, como los demás ciudadanos, sufrimos las consecuencias de tanta "novedad".

En un país tan desinstitucionalizado políticamente y desestructurado socialmente, casi la única certeza que tenemos sobre lo que viene por delante es que lo que fuere nos va a sorprender de múltiples maneras.

Estas elecciones vienen corroborando la regla. Sabíamos que la abdicación del Congreso a hacer reformas electorales iba a pasar factura. Que con 19 candidatos no había elección seria e informada posible. Que los ciudadanos continuaríamos decepcionándonos del nivel de nuestra política. Que los resultados podrían ser sumamente inesperados, dada la desconfianza y la eterna búsqueda de alguien nuevo. Que las condiciones para tener un Congreso igual o peor que el anterior estaban dadas.

Pero no sabíamos que, además de todo lo anterior, íbamos a tener un conjunto de problemas donde las instituciones electorales terminarían siendo actores (confiemos que involuntarios) de un drama de considerables proporciones. Ha salido de la campaña el candidato Acuña, un personaje impresentable sobre el que existe consenso extendido de que su destino no debería ser la Casa de Pizarro, sino un lugar usualmente menos confortable. Pero, también, casi ha salido de la contienda Guzmán, quien se convirtió en la alternativa de muchísimos de los que buscaban a alguien nuevo y tenía posibilidades muy concretas de ganar las elecciones. Razones a favor de su permanencia y razones para sacarlo se esgrimieron con pasión y han polarizado al país. Lo más grave es que ya se había advertido, de un lado y del otro, que la decisión, sea cual fuere, sería vista como fraudulenta. Y así viene sucediendo.

La magnitud del terremoto institucional, a poco más de un mes de las elecciones, se puede medir por el hecho de que uno de cada cuatro electores que habían definido ya su voto se ha quedado sin su candidato y, si lo proyectamos al voto válido, uno de cada tres.

Es decir, una sombra muy grave sobre la legitimidad del proceso electoral se cierne sobre el Perú. Algo que habíamos superado desde los nefastos tiempos de Fujimori y Montesinos, cuando toda la institucionalidad se torció para hacer posible una ilegal segunda reelección.

El rol de los medios de comunicación en una situación tan difícil es muy delicado y me parece que Perú21 debe tener mucha responsabilidad en esta coyuntura.

Creo que los lectores merecen de Perú21, en primer lugar, serenidad. Evitar echarle gasolina al fuego. Evidentemente no se trata de ocultar los problemas, pero sí de ponerlos en su debido contexto. Las acusaciones de fraude no tienen ninguna prueba que las sustente y, por ahora, lo que queda claro es que somos víctimas de un marco legal inadecuado y de autoridades electorales que combinan pasmosa lentitud con decisiones ambiguas y hasta contradictorias, y que, eventualmente, podrían ser hasta acusadas de no medir con la misma vara a todos los contendientes. Pero de allí a sostener que habría un fraude del "aprofujimontesinismo" si en definitiva sale Guzmán o de "Guzmala y su madrina Nadine" si se queda, hay un gran trecho que muchos recorren con sorprendente facilidad.

La palabra 'fraude' es muy seria y, si se instala, se puede convertir en un problema de deslegitimación adicional de nuestra ya precaria democracia; o sea, exactamente lo opuesto a lo que el país necesita para los tiempos inevitablemente más duros que se nos vienen en los próximos años y que necesitan de una institucionalidad sólida y de gobiernos fuertes (en el buen sentido de la palabra).

A la vez, Perú21 debe perseverar en la búsqueda de la verdad. La democracia no se va a fortalecer porque se oculten cosas que eventualmente puedan estar ocurriendo para beneficiar o perjudicar alguna candidatura. El diario debe seguir haciendo periodismo, independientemente de las consecuencias políticas que ello traiga. Cuando tenga una información sólida, verificada y creíble, debe difundirla en beneficio de sus lectores, independientemente de quién pueda beneficiarse electoralmente. Por cierto, ello incluiría dar cuenta de evidencias de fraude, si las hubiera. La verdad es amiga de la democracia. El ocultamiento y la impunidad, amigos del autoritarismo.

PRINCIPIOS: El Instituto Prensa y Sociedad e IDEA Internacional, con apoyo de la Unión Europea, han elaborado y promueven el pacto Principios de Cobertura Electoral con el propósito de que el periodismo ponga en práctica estándares mínimos de cómo informar en coyunturas tan tensas como estas y donde las suspicacias sobre la parcialidad y el favoritismo llegan a extremos.

A mí me parece un aporte valioso y me ayuda en mi trabajo. Destaco en particular los puntos 4 al 8 del Pacto. Si la mayoría de medios cumpliese lo que estos contienen, habríamos avanzado mucho en saber distinguir periodismo de propaganda política.

NOTA: Había pensado dedicarle mi columna de esta semana a lo que los anglosajones llaman el disclosure, a saber, la obligación que tenemos los periodistas, sea de información o de opinión, de hacer explícitas, cuando se presenten, circunstancias que puedan estar influidas por compromisos laborales, negocios, relaciones personales, vínculos políticos, etc. Salvo en casos extremos, esto no obliga a abstenerse, pero sí creo que, en casi todos, es necesario poner ello sobre la mesa para que el ciudadano y en temporada electoral el votante¬ sepa desde dónde se habla. Vuelvo sobre este fundamental derecho de los lectores en próximas columnas.

(defensor@peru21.com)#defensorlectorP21

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