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“Los costos más significativos los asumirán los millones de limeños que cruzan diariamente la ciudad, y cuyo vía crucis solo se prolongará por este capricho municipal…”.
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No es exagerado decir que Lima es una de las ciudades más grandes del mundo. Solo unas 30 urbes en todo el planeta superan los 10 millones de habitantes, y entre ellas está nuestra capital. No obstante, a diferencia de Lima, prácticamente todas estas megaciudades tienen un metro subterráneo. Y es que es imposible pretender un sistema de movilidad eficiente si no se apuesta por el transporte público masivo.
En Lima, no obstante, no se ha aprendido la lección observada en todas las grandes ciudades del mundo. Y, lejos de apostar por el transporte público formal y eficiente, seguimos insistiendo en privilegiar al vehicular particular.
Así, en los últimos años hemos visto millonarias inversiones cuyo único beneficiario son los automóviles privados: el by-pass del óvalo Monitor, el by-pass de 28 de Julio, Línea Amarilla, entre muchas otras.
Esto no hace sentido si tomamos en cuenta que, de los 20 millones de viajes que se realizan diariamente en Lima, solo 3 millones se hacen en auto privado. La enorme mayoría de limeños se mueve en algún tipo de transporte público. Y, entre estos, la mayoría en alguna alternativa informal de transporte público.
Así, cada sol destinado a obras para el vehículo privado es un sol que beneficia solo a una fracción de la población, que es, además, la de mayores ingresos. Un claro ejemplo de lo que los economistas llaman regresividad en la política pública.
Los esfuerzos deberían enfocarse claramente en otro lugar: apostar por mecanismos de transporte público masivo, como los metros o los buses de corredor segregado (BRT).
Por ello, es francamente insólito que sea la propia Municipalidad de Lima la que no ha parado de poner trabas para la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima. Un proyecto fundamental para la capital, con una inversión de US$5,000 millones, que será utilizado diariamente por cerca de 700,000 limeños.
Desde hace meses, el alcalde metropolitano viene insistiendo en que no aceptaría el cierre de la avenida Paseo Colón, algo indispensable para la construcción de la estación central. La negativa del señor López Aliaga no viene acompañada de ninguna alternativa de solución concreta. La única pretensión parece ser postergar la obra.
Es evidente que la ejecución de cualquier infraestructura de esta envergadura tiene costos en el corto plazo. Pero se trata de un sacrificio de unos meses para un beneficio que durará décadas. Lo que corresponde a una autoridad metropolitana es sumar esfuerzos para mitigar los impactos durante esta transición, elaborando planes de desvío y ofreciendo alternativas.
Conforme al cronograma que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había pactado con el concesionario de la obra, el pasado domingo este se disponía al cierre de Paseo Colón para iniciar los trabajos. No obstante, su personal fue enfrentado por miembros del serenazgo y representantes de la municipalidad que pretendían detenerlo.
Por si fuera poco, al día siguiente, la Municipalidad anunció que denunciará penalmente al concesionario de la obra por “cerrar vías metropolitanas sin contar con la autorización municipal”.
Como la propia presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, ha señalado con claridad, esta obra no requiere autorización municipal, puesto que, como dispone la Ley Endeudamiento del Sector Público para 2024, los proyectos que son parte del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad son exonerados de este requerimiento.
Aunque es verdad que la municipalidad ha cuestionado ante el Tribunal Constitucional la validez de esta norma, a la fecha no hay un pronunciamiento de este, por lo que el concesionario está en todo su derecho de aplicarla.
Además de los costos que esta irresponsable actitud podría traer para la comuna ante eventuales arbitrajes (se estima que el concesionario podría demandar US$10 millones de compensación por cada mes de atraso adicional), los costos más significativos los asumirán los millones de limeños que cruzan diariamente la ciudad, y cuyo vía crucis solo se prolongará por este capricho municipal.
Esta obra debería encontrar en el alcalde a su principal aliado, pero en la práctica tiene a su principal opositor. El mundo al revés.
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