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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El crecimiento económico y, por lo tanto, el desarrollo de un país, está garantizado bajo dos supuestos: el primero, el aumento sostenido de la inversión privada y, el segundo, el incremento de la productividad. Ambos, por necesidad, siguen a una compleja articulación de factores: confianza en el país, en sus instituciones y gobernantes, y un larguísimo etcétera. Las mejoras en productividad y la inversión privada siguen a las reformas; por ello, un país que no reforma no crece en el largo plazo. Esto no es un estribillo; es una realidad comprobada.

Hablamos de la necesidad de "reformar" sin cuestionar qué y por qué. En general, las mejores reformas son aquellas que hacen al "modelo" más inclusivo; léase, que permita a la mayor cantidad de personas disfrutar del mismo o, lo que es lo mismo, que no esté capturado por unos cuantos y solo ellos se beneficien del mismo. El modelo estatista de los setenta o el mercantilista de los ochenta son buenos ejemplos de ello.

Si de reformas se trata, la gran ola de ellas se generó en los noventa. Pero esas reformas (libertad de comprar y vender, de exportar e importar, responsabilidad fiscal y monetaria, independencia del Banco Central, entre otras) cumplieron ya su ciclo. Murieron en 1997, tres años antes de la caída del autócrata, y desde entonces ha sido muy pobre el espíritu reformador. La única reforma del toledismo fue la descentralización, desastre del que todos estamos muy conscientes. Y el aprismo tampoco tiene una gran batalla que demostrar: la inversión en infraestructura no es una reforma per se, y la educativa fue a medias, tanto que el actual gobierno la pulverizó en semanas.

El nacionalismo, si de reformas se trata, tiene solo dos en práctica: la primera es la del servicio civil (vía Servir); la segunda es, gracias a una grata corrección, la educativa (desde la gestión del ministro Saavedra; con Patricia Salas perdimos casi tres años, primero destrozando lo avanzado en el gobierno aprista y luego en idas y vueltas sin norte).

Servir es más que una reforma destinada a mejorar los ingresos del servicio público: abarca el total de entidades del Estado (cerca de 2,500 entre centrales, regionales y locales), y casi 1'500,000 de servidores públicos. Hoy, son 111 entidades que se encuentran en el proceso de adecuación; claro, suena a poco, pero, de las 2,500 entidades, casi el 80% son gobiernos locales y regionales, los que aún están asumiendo el cargo. Se empezó por el Gobierno Central y se espera terminar en el 2016 con todas las que dependen de él.

En principio, Servir significará que nuestras entidades revisarán sus objetivos, revisarán sus tareas, se redefinirán los roles, procesos y perfiles, y los servidores públicos entrarán a un nuevo esquema de objetivos y meritocracia; con ello, se esperan mejoras en los sueldos (fruto de lo que, en principio, sería una mejora en la provisión de servicios públicos). Eso es lo que se espera; no que necesariamente se cumpla, pero a lo que apunta la reforma.

Si se realiza en efecto esta revisión del organigrama institucional, de los requerimientos y de los recursos necesarios, lo que deberíamos esperar es una reforma real del Estado. Pero ello ocurriría, ceteris paribus, sin que se agote un debate anterior: ¿qué es lo que debe hacer el Estado?, ¿qué le compete y, sobre todo, qué no le compete? Porque, si la nueva arquitectura organizacional está dirigida a mantener a todos los servidores públicos (1'500,000 y crecemos a un ritmo de 40,000 por año), pues nada va a cambiar. Partamos por dos cosas obvias: la primera es que no existen recursos ilimitados y, por lo tanto, un sol que gastas en algo improductivo es un sol menos para algo positivo para todos; segundo, que el Estado Peruano es un desastre: su provisión de servicios es pésima, sus costes elevadísimos y no hay meritocracia.

¿Cómo reformamos, entonces, si no agotamos el debate previo? Debate que, en verdad, ni hemos empezado.

Deberíamos, pues, estar en ese debate: qué le compete al Estado y por qué. Para los que desean un gran Estado grande, sabelotodo y omnipresente, cuidado, recordemos la primera realidad: un sol en el Gasoducto del Sur es un sol menos en educación, salud o administración de justicia.

Lo óptimo, en mi opinión, es partir por identificar qué queremos cambiar. Educación, Salud, instituciones e infraestructura de conectividad deberían ser la prioridad. Luego, definamos qué necesitamos, y qué recursos requieren. Lo más probable es que podamos redefinir ese organigrama alineándolo a esas necesidades.

Si podemos hacerlo mejor, creceremos y con ello podremos invertir en otras actividades. Ojalá pongamos al burro delante de la carreta, y no veamos a los burros empujando