Banana Republic

El desarrollo económico y reducción de la pobreza están estrechamente vinculados a las instituciones, que son las reglas de juego dentro de una sociedad. Lamentablemente, en el último Reporte de Competitividad Global (WEF), el Perú cayó abrumadoramente en el pilar “instituciones”, en el puesto 116 de 137 países. Esto puede explicarse por el desempeño de tres subcomponentes, y la explicación, querido lector, calza como anillo al dedo con nuestra coyuntura.

Por un lado, en relación a la “carga de regulación estatal”, nos ubicamos en el puesto 131/137; detrás, Nigeria, la República del Congo y Yemen. Esto no debería sorprendernos. En Perú existen cerca de 600,000 normas vigentes, más de 4,500 leyes sin reglamento y una pronunciada falta de estandarización de los TUPA para los procedimientos más comunes (Contraloría).

Por otro lado, en “confianza pública en los políticos” también estamos en la cola, puesto 126/137, algo que encaja con las frecuentes (y desesperanzadoras) mediciones de opinión pública. Según Ipsos, PPK tiene una desaprobación de 65%, Keiko de 55% y el 69% considera que Alan García es culpable de participar en una organización criminal. Qué lindo sería que nuestros políticos tuvieran la mitad de la aprobación de Gareca (98%).

Finalmente, en relación a la “independencia judicial”, somos el puesto 106/137, entre Zimbabue y Camerún. ¿Y qué pretendemos si el Congreso investiga al fiscal de la Nación sin sustento alguno? ¿Podemos creer realmente que la razón de esta querella es una “omisión funcional en la lucha contra la corrupción”? ¿No será, más bien, la venganza de Keiko ante una investigación que realmente podría pegarle duro?

Junto con pensar en cerrar la brecha de infraestructura o implementar reformas para fomentar el crecimiento, debemos priorizar una reforma institucional. Somos casi un país subsahariano en ese sentido.