Atrapados

Esta columna tendría que haber sido sobre otro tema. Lo mismo con la cobertura informativa de los medios de comunicación. Y, más importante aún, las agendas de trabajo del Congreso y del Ejecutivo. Pero no. Sesenta congresistas decidieron admitir a trámite un nuevo pedido de vacancia presidencial. Y, con ello, el país queda congelado. Reviviendo nuevamente, como si pudiéramos darnos el lujo de perder el tiempo, el mes de setiembre.

Antauro Humala pone la música desestabilizadora desde la cárcel y Acción Popular marca el ritmo. Es un misterio por qué las otras bancadas han decidido hacer de comparsa a dos competidores políticos directos e, insólitamente, estarían dispuestas a que uno de ellos quede a cargo del Ejecutivo en plenas elecciones. En esto influye uno de los peores legados del gobierno de Vizcarra. La no reelección de los congresistas distorsiona la cadena de rendición de cuentas representante-representado. Así, varios parlamentarios se muestran inmunes a la sensatez y prudencia exhibida por la ciudadanía. Las encuestas recogen que la gran mayoría considera que hay hechos por investigar, pero que corresponde que las consecuencias se difieran al término del mandato. Todo tiene su tiempo y su lugar.

Si antes fue el caso “Swing”, ahora son unas obras en Moquegua de hace siete años. La insistencia en la vacancia evidencia que se busca acceder al poder por la vía no electoral. Y es que el caso constitucional no ha cambiado. De aquí al 28 de julio de 2021, las carpetas fiscales del ciudadano Vizcarra pueden aumentar o reducirse. Pero nuestra Constitución no regula la admisión de mociones de vacancia como “interpelaciones”, ni su votación como “censuras” presidenciales. El artículo 117 busca asegurarle un periodo de gobierno intangible al presidente. Al actual y a los próximos.