[Opinión] Richard Arce: El derecho a la protesta

Son días aciagos para el país porque parecería que la espiral de violencia en las protestas en el interior fuera el verdadero objetivo, pero en realidad las descalifican y le quitan legitimidad.

En democracia, el derecho a la protesta y la insurgencia tiene carácter constitucional y legitima la participación del pueblo en las decisiones de Estado. Lamentablemente, la supuesta “regla” dice que las manifestaciones tienen que desbordarse para que las demandas sociales sean tomadas en cuenta y sobre todo atendidas; ha sido y es un axioma que se repite en cada protesta.

Estamos a una semana del nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte y enfrenta un momento crítico que va a tener que aquilatar con medidas que fomenten el diálogo y el consenso para convocar a nuevas elecciones generales en el país.

Por eso, es importante la apertura que ha mostrado –puedo atestiguarlo–, porque uno de los principales problemas del Perú es que no sabemos escucharnos, y nuestra reacción primaria es la beligerancia, llegando a estos niveles de espiral de violencia que ya ha cobrado ocho víctimas.

Pero, el impacto también es económico. Se habla de pérdidas en el país de casi mil millones de soles en estos primeros 5 días, y sobre todo el riesgo que está significando para la campaña navideña donde las pymes tienen la oportunidad de aprovechar la temporada para comercializar sus productos por la alta demanda de la Navidad.

Entonces, el cuestionamiento que se hace es: ¿hasta dónde aplica el derecho a la protesta? ¿Es un derecho inalienable? ¿O simplemente la protesta te permite actuar con impunidad para que se cometan delitos mientras haya ausencia de autoridades?

Por eso resalto las contraprotestas que se han dado en Abancay, Cusco y Arequipa, que permiten manifestarse al otro sector de la población que pide adelanto de elecciones, pero sin vandalismo y menos violencia en las calles. Al final, todas y todos somos peruanos.