FOTO: Hugo Pérez / @photo.gec
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En un país en constante crispación, con instituciones frágiles y con aprobación popular, en muchos casos, de un dígito, que cargan sobre sus hombros un pésimo manejo de las protestas sociales, es inoportuno que se le administre o que se afronten las emergencias “de forma remota”, como pretende el Poder Ejecutivo.

Lo hace ante la sui generis situación de no contar con los vicepresidentes de la República, buscando que la mandataria Dina Boluarte pueda hacer viajes al exterior reteniendo sus funciones de Estado y despachando desde donde se encuentre.

Como sabemos, la crisis sanitaria del COVID-19 obligó a los países, en muchos casos a trompicones, a adaptarse a las tecnologías digitales para suplir la presencialidad en los actos cotidianos de trabajo, estudio, comercio y hasta juramentación de cargo por causas excepcionales, principalmente por enfermedad.

Pero hay funciones y funciones, dependiendo el grado de responsabilidad, especialidad y trascendencia, que no debieran ser desempeñadas a la distancia, máxime si se pone en riesgo la paz social, la tranquilidad pública, el balance de los poderes públicos. En el caso propiamente de la Presidencia de la República, se hace imprescindible que la persona que jefatura una nación esté físicamente presente en la toma de decisiones, en los actos de gobierno, en la defensa de estos, ejercer el liderazgo en todo el sentido de la palabra.

Esta columnista discrepa con la iniciativa legislativa, dado lo endeble de nuestra democracia con seis jefes de Estado en el último quinquenio, con protestas sociales latentes en contra del gobierno de la señora Boluarte, máxime las idas y venidas de sus declaraciones y de otros voceros del Ejecutivo, corriéndole la responsabilidad absoluta a las fuerzas del orden de las muertes suscitadas durante el estallido social luego de la caída del régimen del golpista Pedro Castillo, que habría revuelto el avispero de las instituciones tutelares del país, aunque a renglón siguiente se hayan formulado respaldos públicos en actividades presidenciales, el aguijón en la carne quedó puesto.

Y aunque no debiera ser en una democracia donde el poder militar está supeditado al civil por la legitimidad constitucional de sus autoridades, la realidad nos ha demostrado que si las Fuerzas Armadas dan la espalda a un gobierno, es prácticamente ¡GAME OVER!

Así las cosas, poniendo en una balanza el interés superior del Perú, el costo beneficio del proyecto de ley, preguntémonos, ¿es de necesidad imperiosa en un país de ánimos caldeados viajar al exterior para interactuar con sus pares, quienes ya tienen un concepto formado de su gobierno, pudiendo enviar en su lugar a la canciller y no poner en riesgo nuestra democracia aún endeble? ¿Qué importa más? Presidenta Boluarte, prudencia, un holograma no ejerce funciones de Estado.