Amanecer inseguro

Era una fogata que ardía cual desmonte en llamas; el aire embalsamado por el humo de sus cabellos se sentía a la distancia mientras Arnaldo Sánchez, ladrón de 22 años y con antecedentes, intenta apagar el fuego, pero, en instantes, se convierte en una antorcha humana. Nadie lo auxilia. Nadie se inmuta. Es el castigo impuesto por los vecinos de la urbanización Los Jardines en Trujillo. El gobernador regional, César Acuña, reconoce no haber hecho lo suficiente en seguridad y el ajusticiamiento aparece como respuesta frente a la ineficiencia del Estado.

En el Vraem también incineraron a dos venezolanos acusados de asesinar a un grupo de jóvenes. En Ayacucho prendieron fuego a una camioneta de ladrones. En Lima se han incendiado motos y mototaxis de delincuentes.

La violencia se empieza a castigar con más violencia en muchos lugares del país. Se castiga al delincuente como escarmiento y la advertencia pública es aplaudida por amplios sectores. No en vano, Perú, según el Barómetro de las Américas, ocupa el tercer puesto entre los países cuya población aprueba estos castigos colectivos.

Esta tendencia de prender fuego a los delincuentes o a sus vehículos va en aumento y son los vecinos quienes llenan el vacío que deja la autoridad. La familia Alvitez vive en Barranco, fue víctima de un robo en su casa; sin embargo, los dos ladrones atrapados por los propios vecinos salieron en libertad a las pocas horas debido a una modificación del Código Penal realizada por el Ejecutivo. Ahora esos delincuentes libres amenazan a todo el vecindario.

En noviembre del año pasado, el Congreso otorgó al Ejecutivo facultades para legislar en seguridad ciudadana por 90 días. El Decreto Legislativo 1585 lleva las firmas de Dina Boluarte y Alberto Otárola, y buscaba el “deshacinamiento de las cárceles”; sin embargo, en el afán de favorecer a los corruptos del sector privado, terminaron beneficiando a la delincuencia común. En efecto, el gobierno modificó el artículo 32 del Código Penal, con lo cual delitos como el hurto simple, que tienen una pena de hasta cinco años de cárcel, no ameritan prisión preventiva.

Desde el Gobierno se prenden destellos de acción sin un plan estratégico, con operativos como espectáculo que llevan nombre de fuegos artificiales: “Amanecer seguro” y un ministro del Interior que, en lugar de proponer planes certeros, está abocado a desmentir audios de un presunto hostigamiento al periodista Marco Sifuentes por resultarle incómodo.

La incompetencia de los poderes del Estado; la desconfianza en los gobernantes que, por defenderse de sus posibles delitos, legislan para favorecer al delincuente; y la inseguridad que se desborda son el terreno fértil para que la población se arme o se agrupe para aplicar el antiguo “ojo por ojo, diente por diente” como una cuestionable y peligrosa tendencia de desesperada autoprotección entre tanta desconexión y ceguera de la clase política.

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