El martes 21, en este mismo espacio, nos preguntábamos a qué juegan quienes no quieren que se debata el proyecto de ley que impide a personas que cumplieron sentencia por asesinato, corrupción y otros delitos graves postulen a cargos públicos.
Han pasado 10 largas jornadas y en el Congreso no hay quien diga esta boca es mía.
Es decir, estamos ante una situación en la que cualquier delincuente podría acceder incluso a la Presidencia de la República. Se habla mucho de la degradación de la clase política en el país, de representantes parlamentarios y autoridades nacionales o locales de muy discutible trayectoria, pero dejar abierta esa puerta en la Constitución es poner a la democracia peruana en una situación de altísimo riesgo.
Ya bastante tiene el país con la cohorte de mandatarios que han deshonrado el encargo que recibieron a través del voto popular para quedar expuesto –aun desde la propia contienda electoral, a la que llevaría a extremos de bajeza quizás nunca antes vistos– a fanáticos cuyo único objetivo es destruir el sistema político y el Estado de derecho.
La figura presidencial está suficientemente dañada como para permitir que se siga deteriorando. Y una primera barrera para impedir que esto ocurra, qué duda cabe, es al menos sellar constitucionalmente esa fisura legal por la que se podrían colar caudillos de pasado criminal que suelen reclutar acólitos entre los más desesperados, haciendo del insulto y la amenaza una doctrina política.
La ciudadanía, a la cual supuestamente se deben las bancadas parlamentarias, se ha expresado una vez más al respecto y exige restricciones severas en defensa de la integridad de la democracia.
En una encuesta de Ipsos publicada ayer en Perú21, a la pregunta: “En su opinión ¿las personas que cumplieron una sentencia y ya salieron de la cárcel tienen derecho o no a postular a la Presidencia de la República, si la sentencia fue por asesinato, corrupción o terrorismo?”, el 97% consideró que no, que estas personas no tienen derecho a postular.
Congresistas integrantes de la Comisión de Constitución han responsabilizado a su presidenta, Martha Moyano, por dejar en el olvido el dictamen que fue retirado del Pleno a un ‘cuarto intermedio’ para incluir algunas propuestas adicionales.
Una vez más las alianzas y los enjuagues políticos entre bancadas teóricamente opuestas son las que estarían, pues, dilatando el trámite de esta ley, anteponiendo sus intereses particulares a los del Perú.
