[Opinión] Javier Alonso De Belaunde: Un sapo difícil de tragar

El TC publicó la sentencia que restituye los efectos del indulto a Fujimori y lo libera de la cárcel. Está fuera de discusión que la sentencia debe ser acatada en tanto se mantenga en pie. La duda es por cuánto tiempo lo hará. La Corte IDH está próxima a hacer una supervisión. La sentencia es un sapo difícil de tragar.

El fundamento principal de la decisión –lograda con los votos de Blume, Ferrero y Sardón– es que la Suprema no tenía competencia para evaluar el indulto. Lo debía hacer, se infiere, un juez constitucional. Este tipo de argumentos formales tienen poco predicamento en el mundo de los derechos humanos. Han sido usados para tratar de liberar de responsabilidad a perpetradores de graves violaciones. Son parte del manual de la impunidad.

El TC olvidó que nuestra Constitución reconoce a todo juez la atribución del control difuso (art. 138). Es decir, un juez por el solo hecho de serlo puede inaplicar leyes para el caso concreto si las juzga contrarias a la Constitución o al Pacto de San José. Con mayor razón puede hacerlo respecto a los efectos de un acto administrativo como el indulto con clara incidencia sobre derechos y principios del Estado constitucional de derecho. Además, la Suprema sí es competente sobre la ejecución y cumplimiento de las condenas de exaltos funcionarios. En el caso concreto, cumplió con darle posibilidad a Fujimori de defender su indulto.

El TC no ha hecho ningún trabajo adicional. No revisó el indulto en base a sus criterios previos ni a los de la Corte. No evaluó cuál es la situación de Fujimori cerca de 5 años después. Simplemente, restituyó el indulto plagado de irregularidades otorgado por PPK. Es como si se rescatara del fondo del mar al Titanic y se pretendiera que se mantuviera a flote sin ningún tipo de reconstrucción.

¿Qué puede ocurrir en San José? Al igual que con la amnistía de Barrios Altos, la Corte podría declarar directamente que el indulto carece de efectos jurídicos. Alternativamente, podría ordenar un examen médico y evaluar los resultados con intervención de los familiares de las víctimas. Hay opciones. La única que se ve improbable es que la Corte se trague el sapo y convalide la cuestionable decisión del TC. Lo sabremos en los próximos días.