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Redacción PERÚ21

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Carlos Meléndez,Persiana AmericanaUno de cada cinco peruanos aprueba la gestión del presidente Ollanta Humala. Promesas incumplidas (el precio del gas), la inseguridad y la corrupción aparecen como los principales aspectos negativos que lo afectan (según encuesta de GfK). A la decepción popular se suma la presión de sectores empresariales aterrorizados por la desaceleración de la economía. El paquete reactivador ha generado severos cuestionamientos en grupos progresistas (especialmente por el relajamiento de medidas medioambientales).

En su promoción de grandes inversiones, el gobierno precipitó concesiones de dudosa corrección. La licencia del gasoducto sur andino levantó sospechas por conflictos de intereses. El gran incremento del presupuesto de la Línea 2 del Metro provocó dudas sobre su conveniencia. Es decir, los dos proyectos de infraestructura más costosos no tendrían los estándares mínimos de transparencia. Por otro lado, el nombramiento de seis encargados de la cartera de Interior en menos de tres años revela –si acaso ya no era evidente– la ausencia de brújula en políticas públicas de seguridad. El destape de Ideeleradio sobre el recientemente designado ministro Daniel Urresti como procesado por delitos de lesa humanidad –en 1988 era capitán de inteligencia en Ayacucho y estuvo involucrado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos– desacredita la idoneidad del relevo y delata improvisación en la selección de cargos clave. Así, las medidas gubernamentales de Humala se convierten en actos fallidos. No resuelven sino reproducen problemas y conducen al Ejecutivo hacia un espiral de gestiones de crisis auto provocadas. La sensación de aprieto es permanente en Palacio y la angustia por dos años más la sufriremos todos.