Policías trasladan a José Carlos Solari, detenido por su presunta participación en el asesinato de seis personas en el distrito de San Miguel, el lunes 6 de febrero | Foto: Andrés Paredes / @photo.gec
Policías trasladan a José Carlos Solari, detenido por su presunta participación en el asesinato de seis personas en el distrito de San Miguel, el lunes 6 de febrero | Foto: Andrés Paredes / @photo.gec

El feroz episodio criminal vivido en el mesocrático distrito limeño de San Miguel ha retrotraído a los peruanos, de los disturbios políticos que vienen tomando las calles en algunas ciudades, a la cruda realidad de la violencia delictiva que se viene extendiendo en el país como una incontenible gangrena social.

Reconstruyamos brevemente el escenario, para dar una idea clara de la gravedad de lo ocurrido. Un homicidio múltiple en el que las víctimas mortales incluyen a niños y ancianos. Todo, perpetrado a plena luz del día y frente a un concurrido centro comercial, en el pestañeo de un cambio de luz en el semáforo, con decenas de automóviles y transeúntes en las inmediaciones.

La sola sensación de haber estado cerca del lugar –con estudiantes camino a la universidad, amas de casa yendo de compras, niños en vacaciones escolares dirigiéndose a los centros de esparcimiento de la zona– en ese momento, oyendo de cerca el estruendo de cada disparo descerrajado sobre los pasajeros del automóvil donde iban las víctimas, debe haber sido, en sí misma, pavorosa.

Que haya sido un ajuste de cuentas entre bandas rivales dedicadas a la extorsión y el sicariato, no eximía a ninguno de esos ciudadanos desprevenidos que por ahí se encontraban de la eventualidad de recibir una bala perdida durante la refriega.

Este apretado recuento de los hechos es asaz elocuente. La indefensión en que se encuentra la población ante la ola criminal que desde hace buen tiempo se ha instalado en la vida cotidiana de muchos peruanos está llegando a límites nunca antes vistos. Una ola para nada estacional que año a año crece exponencialmente, como señalan los expertos.

Y, desde luego, no se trata solo de Lima. En otras regiones como La Libertad, por ejemplo, los índices delictivos, específicamente asesinatos asociados a organizaciones criminales con alta capacidad de fuego –a menudo enfrentadas entre sí, por disputas de control territorial– no parecen tener fin.

Mal asunto si las fuerzas de seguridad, además de lidiar con esta lacra que está devorando nuestra sociedad, debe regular, al mismo tiempo, una protesta social que, cuando se deja arrastrar por el extremismo, desemboca en prácticas violentistas que transgreden los parámetros permitidos por la ley y la Constitución.

Señores congresistas, ya que pretenden entornillarse en sus curules ¿algo, alguito, podrán hacer al respecto?

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